El pleno de la Corte Suprema criticó con dureza el proyecto de ley del Gobierno que busca garantizar penas efectivas de cárcel para quienes incurran en delitos de "alta connotación social" como el robo y el hurto.
La iniciativa, firmada por la Presidenta Michelle Bachelet el pasado 23 de enero, busca poner freno a la "puerta giratoria" y hacer más eficaz la acción policial para "revertir la tendencia al alza de la victimización" y reducir el número de delitos violentos en la vía pública, según el Ejecutivo.
"Esto es aumentar la capacidad de disuasiva de nuestro sistema penal. O sea, los delincuentes tendrán que pensarlo muy bien antes de cometer un robo", dijo Bachelet en su presentación, destacando que el proyecto también restringe las penas alternativas para los reincidentes.
"No vamos a tolerar más estas verdaderas carreras criminales", afirmó la Mandataria en enero, asegurando que "esta ley interpreta fielmente un profundo sentir ciudadano: que por fin los delitos no queden impunes frente a la justicia. Castigo efectivo: eso es lo que busca la ley", declamó.
Los reparos
Según informa este jueves el diario La Segunda, el pleno de la Corte Suprema envió el 5 de marzo un oficio firmado por su presidente, Sergio Muñoz, a la Cámara de Diputados ante una solicitud que le hicieron los propios parlamentarios para conocer su postura frente al proyecto.
En el documento la Corte advierte que la norma implica un "cercenamiento de (las) atribuciones concedidas a los jueces".
Agrega que también afecta el principio de igualdad ante la ley, "ya que el autor de un delito mucho más grave, como por ejemplo un homicidio, podrá obtener una rebaja de la pena legalmente establecida (...) En cambio, el autor de un simple hurto (...) no podrá recibir un castigo menor".
"Castigo efectivo: eso es lo que busca la ley", dijo Michelle Bachelet al firmar el proyecto el pasado 23 de enero para su envío al Congreso. (Foto: Presidencia)
Destaca el vespertino que el oficio del máximo tribunal cuestiona además las premisas del proyecto y su proceso de elaboración. Critica, por ejemplo, que "existiendo una Comisión de Especialistas designada para redactar un proyecto de nuevo Código (Penal) que se halla en plena labor, se utilice el sistema de las leyes sectoriales para reformar anticipadamente ciertos capítulos".
La Suprema rechaza también la argumentación gubernamental respecto a que los robos y hurtos "afectan más directamente a la población" e "inciden fuertemente en la percepción de inseguridad".
"Si bien los delitos contra la propiedad son estadísticamente los que mayormente preocupan a la ciudadanía, esto no significa que sean los ilícitos de mayor gravedad", plantea.
Por último, señala que endurecer las penas para evitar que se produzcan estos delitos es una mirada "evidenciada como mito por la historia del derecho punitivo".
Fin de las "penas insignificantes"
Consultado por la postura del máximo tribunal, el senador PPD Felipe Harboe salió en defensa de la iniciativa: "Es comprensible que a la Corte no le guste, ya que con este proyecto limitaremos las facultades de los jueces y en los casos de robo y hurto no podrán rebajar las penas más allá del mínimo establecido para este tipo de delitos".
"Con esto se busca que cuando el legislador consagra una pena para un determinado delito, ésta se aplique y no sufra rebajas judiciales que, en ocasiones, constituyen una sanción insignificante frente a una víctima que observa con impotencia", sentenció el ex subsecretario del Interior en declaraciones a La Segunda.
Los puntos que contempla la Agenda Antidelincuencia de La Moneda. (Crédito: Gobierno)
