Con este cambio normativo se pretende establecer al agua como un bien nacional de uso público.
Agricultores sostienen que un 67 % de proyectos están paralizados actualmente por la preocupación que genera la reforma.
La ley que fue creada en 1981, entregaba los derechos de aprovechamiento de agua a perpetuidad a los privados de forma gratuita
La reforma a la Ley General de Aguas, que será revisada por la Cámara Baja, genera inquietud y preocupación entre los empresarios y agricultores que acusan una "expropiación encubierta".
La ley, que fue creada en 1981, entregaba los derechos de aprovechamiento de agua a perpetuidad a los privados de forma gratuita e incluso con la posibilidad de ser heredados.
Con esta reforma, la ley que mantiene atentos a al menos cuatros sectores importantes para la economía: la minería, industria, energía y agricultura; se pretende establecer al agua como un bien nacional de uso público, otorgando a los privados posesiones con un máximo de 30 años, siendo prolongables cumpliendo dos requisitos: que las aguas sean efectivamente usadas y que el uso sea el mismo desde que se entregó la concesión.
Desde el empresariado hablan de una expropiación encubierta, la que podría costar al Estado unos 27 mil millones de dólares solo en compensación a agricultores, los que sostienen que un 67 por ciento de proyectos del sector están paralizados actualmente por la inquietud que genera la reforma.
"Tal como ya se hizo con la reforma agraria, donde expropiaron cuatro millones y medio de hectáreas y no se pagaron, se robaron. El Estado de Chile hizo un robo legal a más de 5 mil agricultores y esa mala costumbre quedó", indicó Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura.
En tanto el presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbroc, señaló que"en general el derecho de propiedad pasa a ser bastante precario, lo que tiene influencia sobre los crédito de los bancos, los derechos de agua están muchas veces en las garantías de los créditos".
"Tiene un impacto mucho más allá de lo económico, además de vulnerar un derecho fundamental como es el derecho de propiedad privada de un bien que las personas y las empresas tienen", agregó von Mühlenbroc.
Por su parte, el senador PPD Guido Girardi, uno de los parlamentarios de la Nueva Mayoría que ya en 2011 impulsaban una reforma al respecto, señaló que "en Chile los que expropiaron el derecho, a todos, son ellos".
"Les quitaron el derecho a las personas en una reforma constitucional absolutamente inmoral en los años 80, donde Pinochet hizo el peor atentado a la soberanía nacional, que fue privatizar los derechos del agua. El agua es la vida, no se puede vivir sin agua. El cambio climático va a hacer que las guerras en el futuro sean por agua", añadió el parlamentario.
Prioridades para el uso del agua
El cambio normativo establece prioridades para el uso del agua, que actualmente más del 90 por ciento pertenece privados, donde en primer lugar se posiciona el consumo humano, luego sigue la producción de alimentos y en tercer lugar, la actividad productiva.
La directoria ejecutiva del Centro de Derecho y Gestión de aguas de la UC, Paula Reyes, señaló que "esta priorización de uso que establece la reforma del código es uno de los cambios súper importantes y lo que hace es tratar de consolidar una especie de tratamiento especial para el agua del abastecimiento humano".
"A pesar de que los niveles de cobertura a nivel urbano en nuestro país son súper altos, tanto de agua potable como de alcantarillado, lo que pretende la reforma es dejarlo por escrito", agregó Reyes.
