Procedentes de EEUU, siete de ellos arribaron este domingo a nuestro país, más de 30 años después de ser secuestrados y vendidos ilegalmente.
La Fundación Connecting Roots, que trabaja en la reconexión y reparación, asegura que las víctimas son miles.
El diputado Henry Leal (UDI) dijo que estos beneficios "no son el camino" y señaló que la solución es "ir a la Justicia, obtener una sentencia y pedir una indemnización".
El presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, dijo que el INDH "ya no da garantías" y que va a "reestudiar y pensar en una ley" para refundarlo.
Tohá informó que 21 pensiones fueron asignadas en esta Administración, mientras que otras seis corresponden al Gobierno de Sebastián Piñera.
La ministra de Interior señaló que serán revisadas todas las otras pensiones, que ascienden a más de 18 mil, por lo que indicó que será "una tarea que va a tomar tiempo".
Consuelo Contreras, directora del organismo, señaló que desde el primer momento dijeron que no podían cumplir los "estándares" para acreditar.
"Lo señalamos a los distintos gobiernos, sin embargo, estábamos obligados por la ley de presupuestos a seguir con este proceso adelante", afirmó.
Consuelo Contreras recordó que la seguridad es un derecho humano para el instituto.
"Vamos a mirar con atención cómo se va a resolver y qué es lo que se va a plantear en el Cosena", adelantó.
En la sesión inaugural se presentó a sus nueve integrantes, que recibieron los antecedentes respecto a las labores ya ejecutadas por la inédita política nacional.
Que agrupaciones de DD.HH. hayan aceptado integrar la instancia "es bien determinante", destacó el ministro Luis Cordero.
Su instalación corresponde a un "hito bien simbólico donde se juega el éxito de este plan y su credibilidad", afirmó el ministro Luis Cordero en la víspera.
La salida alternativa fue propuesta por la Fiscalía, pero ahora se tendrá que efectuar un procedimiento oral.
Sebastián Zamora insiste en su inocencia.
El ministro Álvaro Elizalde detalló que la revisión de los beneficios sigue en curso, por lo que la cifra podría aumentar en los próximos días.
Asimismo, detalló que el 14,19% de los beneficiados durante el Gobierno anterior contaba con antecedentes policiales, mientras que en la administración actual son el 17,78%.
Ángel Valencia afirmó que la Unidad Anticorrupción reportó que en la entrega de las polémicas compensaciones "había antecedentes que podían revestir caracteres de delito".
"Son todas hipótesis iniciales", enfatizó.
Se presentó una solicitud para que el presidente de la Cámara Baja cite a una sesión especial, confirmó el diputado Henry Leal.
Pese a esto, debido a la cercanía con el receso legislativo, su avance se ve complicado para antes de marzo.
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