En el capítulo de Chile destacó temas como la despenalización del aborto y la justicia militar.
El informe recordó que desde la ONU ya se instó a acelerar la legislación sobre el aborto.
Desde Amnistía Internacional Chile reforzaron la necesidad de cumplir con los cambios que ha comprometido el Gobierno.
Amnistía Internacional entregó su informe anual 2015-2016, que aborda la situación de los derechos humanos en el mundo, destacando en el capítulo dedicado a Chile temas como la legislación sobre el aborto y Justicia Militar.
En el apartado de "Derechos sexuales y reproductivos", el organismo recordó que "en julio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR) instó a Chile a acelerar la adopción de un proyecto de ley para despenalizar el aborto en algunas circunstancias", proyecto que comenzará a votarse hoy martes en el Congreso.
Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional-Chile explicó que en esta materia el informe apunta a que "este compromiso de cambiar la Ley de Aborto no puede esperar más. No puede ser que la decisión y la dignidad de la mujer se vuelvan en algo irrelevante y poco prioritario".
"Nos preocupa además que el proyecto con las indicaciones que se han ido anunciando con los anuncios de proyectos de ley paralelos, termine aprobándose algo tan delimitado, que en definitiva no garantice los derechos de las mujeres de todas formas", añadió.
Asimismo, manifestó que "queremos hacer un llamado muy fuerte a que cuando se retome la discusión la próxima semana, el Estado no parta desde el imponer una determinada convicción a las mujeres, sino que ponga los derechos de las mujeres en el centro".
Justicia Militar
Otro de los temas que abordó el informe sobre nuestro país fue la Justicia Militar y la impunidad ante casos de violaciones a los derechos humanos.
"Los casos de violaciones de derechos humanos que implicaban a miembros de las fuerzas de seguridad seguían siendo juzgados por tribunales militares, a pesar del compromiso público de las autoridades de reformar la legislación pertinente", denunció el informe, en tanto destacó que en algunos casos la Corte Suprema reclamó su injerencia.
Asimismo destacó casos como el de Manuel Gutiérrez, en el que la Corte Marcial redujo la pena de ex carabinero responsable de la muerte del joven de 16 años.
Roberto Morales, presidente de Amnistía Internacional-Chile indicó que "el llamado es bien sencillo: que cumplan lo que prometieron en su Programa. A nosotros nos parecieron muy adecuados muchos de los temas que estaban en el Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet y de la Nueva Mayoría, pero lo que nosotros pedimos es que estos temas no queden en el papel y se hagan realidad".
"En el caso de la justicia militar es básicamente eso, que se cumpla algo que se había prometido", aseveró.
En respuesta, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, declaró que "hoy tenemos, sin ir más lejos, un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; hoy hemos avanzado en proyectos como identidad de género que también se está discutiendo, interrupción de embarazo, hoy estamos ad portas de tipificar el delito de tortura".
"Hoy estamos, por cierto, preocupados de dar celeridad a todos los casos que puedan estar pendientes de violaciones a derechos humanos. Por lo tanto, avances ha habido muchos. Por cierto que siempre son materias en las que podemos seguir avanzando y mejorando, pero creo que -y parte del informe así lo hace- hemos podido avanzar en temas sustantivos", aseveró.
Violación a los derechos humanos
En materia de casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, el informe destacó la información entregada por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que detalla que "72 de las 122 personas que entre 2014 y septiembre de 2015 habían sido declaradas culpables de violar derechos humanos estaban cumpliendo penas de prisión", sumado a que hasta marzo de 2015 existían 1.056 causas llevadas por la Corte Suprema, de las cuales 112 corresponden a denuncias de tortura.
Asimismo apuntaron a la lentitud de los procesos y la falta de avances en la derogación de la Ley de Amnistía de 1978.
