Organización lanzó campaña web "No a la Ley Hinzpeter"

La organización Asesoría Ciudadana, ligada al centro de estudios Instituto Igualdad, lanzó una campaña web para impugnar el proyecto de la "Ley de Fortalecimiento del Orden Público", más conocido como popularmente "Ley Hinzpeter", que -afirman- tiene como "intención última la criminalización de la protesta social".

La iniciativa se planteó como el año pasado en el marco de las masivas manifestaciones estudiantiles y, entre otras denominaciones, se le ha llamado también "ley antitomas" y "ley antiencapuchados".

El proyecto fue aprobado el miércoles por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y quedó en condiciones de ser discutido en la Sala, lo cual dejó al titular de Interior muy "satisfecho", según él mismo confidenció al diario El Mercurio, lamentando, de todos modos, la falta de una "convicción más amplia y compartida respecto de que no es posible tolerar que el legítimo derecho a manifestarse sea una guarida para el comportamiento vandálico".

La campaña "#NoALaLeyHinzpeter" de Asesoría Ciudadana ha sido suscrita, entre otros, por la candidata a alcaldesa por Providencia Josefa Errázuriz, por el dirigente aysenino Iván Fuentes, la ex presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana Danae Mlynarz y por los dirigentes de la Confech Camila Vallejo, Francisco Figueroa, Giorgio Jackson y Noam Titelman.

Asesoría Ciudadana acusa al ministro de querer convertir la protesta en "un delito con una pena de hasta tres años de cárcel". (Foto: UPI)

RazonesLos organizadores de la iniciativa mencionan en su formulario de suscripción varias razones para oponerse a la ley impulsada por el ministro Hinzpeter.

Señalan, entre éstas, que "protestar es una acción amparada en los Derechos Humanos de reunión y libertad de expresión", y es para "los estudiantes, pobladores y trabajadores su principal herramienta de acción política".

"Con esta Ley, protestar sería un delito con una pena de hasta tres años de cárcel"; lo cual "vulneraría la Constitución y Tratados Internacionales".

"Con esta ley los dirigentes sociales serían encarcelados", ya que "el gobierno pretende encarcelar a todos quienes convoquen, por cualquier medio, a una manifestación pública masiva".

"La protesta social es una garantía de participación ciudadana, a veces el único medio de expresión e influencia del que disponen millones de ciudadanos. Los espacios públicos permiten que expresemos nuestras preocupaciones y demandas con libertad y en condiciones de igualdad", argumentan.

"Nosotros somos un Gobierno pro manifestaciones públicas, un Gobierno que favorece el derecho a expresarse y a manifestarse, pero una cosa muy distinta es que, cuando se ejerce ese derecho, algunos pocos se aprovechen para cometer actos de graves de vandalismo, actos que son completamente delictuales", ha señalado el jefe de gabinete respecto de su proyecto.