Chile es "el paraíso" de los delitos informáticos, según abogado especialista

"Los delitos informáticos en Chile en la práctica no están penados. No es una mala idea venir a instalarse a nuestro país para cometerlos", dijo Flavio Tapia, abogado de Verisgn Chile, apenas al comenzar la entrevista con Cooperativa.cl.

La ley 19.223, que regula el tema, data de 1993, cuando apenas existía internet y los computadores habitaban en universidades y casas acomodadas. En 2008, constituyen una realidad paralela, donde se pueden cometer los mismos delitos que en el mundo real.

La legislación actual está obsoleta y no contempla muchos de los cibercrimenes.

En Estrategia Digital, la entidad gubernamental que trata el desarrollo tecnológico, se formó una mesa de trabajo para abordar los puntos pendientes en la regulación y modificar la ley.

"Allí surgió la duda si modificábamos la ley, el código penal, qué figuras introducir. Vimos que la cantidad de sentencias era muy pocas y todas tenían un elemento material, como una tarjeta clonada. Si solo pasa a nivel de archivos electrónicos, es muy complejo", comentó Tapia.

Los principales problemas parten de la base misma de la "solución" ante este tipo de ilícitos.  "La ley y los medios probatorios tecnológicos son tan pobres, que se combinan para que no haya sentencia condenatorias. La ley data de 1993 y la primera condena fue en 1999", agregó.

Uno de los casos más bullados de este año, en materia de delitos informáticos, fue la filtración de datos de más de seis millones de personas, revelado en el blog de tecnología Fayerwayer. Después de que la noticia apareciera en todos los medios, tuvo un final inesperado.

"Hace dos semanas se sobreseyó la investigación. No se encontró culpables por la falta de medios tecnológicos que permitan averiguar ni se pudo convencer a la autoridad de seguir investigando", contó Tapia, con desazón.

Ante la obsolecencia de la ley, hay conductas que no están penadas. Si una persona ingresa sin autorización a un servidor, pero no saca información no es falta ni delito, porque la ley 19.223 pena la voluntad de obtener información.

Sobre los puntos centrales de una nueva legislación, Tapia considera que "debería ampliarse las figuras legales como ingresar a sistemas, la creación de software dañino, el fraude informático y debe darse una sanción adecuada al disvalor del acto".

Además, la redacción de la ley vigente no es muy feliz. "Es razonable que tuviera problemas, pero en un tema que avanza tan rápidamente como la tecnología deben considerarse adecuaciones más rápidas", dijo el abogado de Verisign, empresa especialista en seguridad informática.

Por último, Tapia cree que "una nueva ley es un salto necesario que tiene que ver con su modelo de crecimiento, si queremos crecer en base a los recursos naturales o a productos de mayor valor agregado. La ley es una declaración de principios que está transmitiendo el país: yo protejo la información y la privacidad de los ciudadanos".