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Software libre desató polémica por inclusión en ley de Presupuesto 2009

El senador Alejandro Navarro manifestó su beneplácito por la consideración de los programas libres.

La ACTI se mostró en contra de las indicaciones agregadas al proyecto.

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Este lunes a las tres de la tarde se realizará una sesión especial en la Cámara de Diputados con el objeto de considerar las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley de Presupuesto para el sector público para el año 2009.

Uno de los puntos agregados por la Cámara Alta corresponde al senador por la región del Biobío, Alejandro Navarro, que propuso 128 indicaciones planteando que "la cotización de equipos computacionales para ministerios y reparticiones debe incluir al menos una alternativa con software de fuente abierta o libre de costo".

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El mouse ahora lo tienen los diputados.

"Tras varios años de insistir sobre este importante tema, finalmente, hemos logrado que el Senado apruebe un conjunto de indicaciones para que a la hora de las compras públicas el Estado considere alternativas de software libre o de código abierto", dijo Navarro en su sitio web.

El senador agregó que "la aprobación de estas indicaciones tiene entre otras poderosas razones los montos que significan para el Estado, anualmente el pago de licencias de software, que en el actual proyecto de presupuesto alcanza a más de 27 mil millones de pesos, que el 2008 significó un pago de más de 25 mil millones de pesos".

Las propuestas tienen dos objetivos: permitir que ingresen más actores a las licitaciones de software y, eventualmente, ahorrar dinero en programas computacionales. El Senado aprobó las indicaciones y ahora lo estudiarán los diputados para seguir su curso. 

 

subir El no de las empresas

Antes de comenzar la discusión sobre las indicaciones, la ACTI, entidad que agrupa a las firmas chilenas de tecnología, se mostró contraria a las indicaciones a través de un comunicado de prensa.

"Este tipo de medidas no ayudan a incentivar la creación de nuevas empresas de software comercial en Chile, sino, por el contrario, al hacer más difícil poder participar en las licitaciones del sector público, sólo contribuyen a disminuir el mercado potencial de sus negocios", reza el comunicado de ACTI.

Uno de los puntos que genera controversia dice que "no se podrá adquirir licencias en la compra de equipamiento computacional y las licencias de software que se requieran deberán ser adquiridas individualizándose por separado. Su cotización deberá acompañarse por una justificación especial si es que existe un software de código abierto o libre de costo que realice la misma función".

Para poner un ejemplo, si una repartición pública desea adquirir Microsoft Office, deberá justificar porqué motivo la alternativa gratuita, OpenOffice, no satisface sus necesidades.

Además, para la ACTI  estas indicaciones "violan el principio de Neutralidad Tecnológica del Estado. Al establecer la obligación de justificar administrativamente sólo en el caso de la adquisición de software propietario, se está discriminando positivamente en favor de un tipo de tecnologías y de un tipo de modelo comercial".

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