Por 72 votos a favor, 71 en contra y la abstención del vicepresidente Gaspar Rivas (exPDG), los diputados declararon "inadmisible" la polémica indicación de la derecha.
Con apenas tres votos de ventaja, se visó la prohibición explícita de la tortura.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este viernes por la noche el proyecto que establece las normas generales sobre el uso de la fuerza (RUF) para el personal de las policías y de las Fuerzas Armadas.
La iniciativa, cuyo trámite se aceleró esta semana tras el asesinato de tres carabineros en una emboscada en Cañete, fue visada por 144 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.
Con esta aprobación, el proyecto continúa su tramitación en el Senado.
En la instancia, la mesa de la Cámara declaró inadmisible, por alejarse de las ideas matrices del proyecto, la polémica indicación incorporada por las comisiones unidas Constitución y de Seguridad Ciudadana que buscaba establecer que los uniformados imputados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones fueran juzgados por tribunales militares, en cuatro hipótesis: en estado de excepción constitucional y en el resguardo de la infraestructura crítica, de zonas fronterizas o de procesos electorales.
Esta posición fue ratificada por 72 votos a favor de la admisibilidad, 71 en contra y la abstención del vicepresidente de la corporación, Gaspar Rivas (exPDG).
La disposición, propuesta por la derecha, había sido visada en la víspera en las comisiones unidas, pero sin consenso: 14 votos a favor y 12 en contra, con los diputados Andrés Jouannet (Amarillos) y Miguel Ángel Calisto (Demócratas) inclinando la balanza hacia la oposición.
El Gobierno había hecho "reserva de constitucionalidad" al advertir que esta materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
"Lamentamos mucho la hipocresía de quienes dicen defender a las Fuerzas Armadas, que dicen defender a los carabineros, pero son los primeros en defender un sistema judicial que los está encarcelando sin mayores pruebas, persiguiéndolos como si fueran delincuentes", espetó el diputado republicano Luis Sánchez, promotor de la controvertida enmienda.
"¿Nos habría gustado que contáramos con tribunales especializados? Nos habría gustado. Prefirieron evitar la discusión por secretaría, pero yo no tengo ninguna duda de que en el Senado van a reponer esta conversación", señaló el diputado de Renovación Nacional Diego Schalper.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró la decisión de la Sala: "Estas caras estarían igual de cansadas, pero mucho más tristes, si el proyecto hubiera pasado con la reposición de los juzgados militares", manifestó.
La secretaria de Estado indicó que "los juzgados militares en las democracias maduras no se hacen cargo de temáticas en tiempos de paz que involucran a civiles. Los juzgados militares no están concebidos para eso y Chile dio un debate larguísimo de décadas para sacarlos de esa competencia. Volver atrás en esa materia es algo que ninguna de las voces expertas que se escuchó en el trámite de este proyecto planteó y particularmente Carabineros y las Fuerzas Armadas tampoco lo plantearon".
"(La polémica indicación) fue de esos temas que aparecen en el último minuto para exacerbar la polémica, pero claramente no estaba en las ideas matrices, en el espíritu de este proyecto ni en la temática que ha provocado que regulemos las reglas del uso de la fuerza", agregó Tohá.
La iniciativa legislativa aprobada define el uso de la fuerza como aquella ejercida por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública para dar eficacia al derecho. Esto en virtud del deber del Estado de resguardar y garantizar el orden y la seguridad pública interior, conforme a la Constitución y las leyes.
Asimismo, la Sala respaldó la propuesta de las comisiones unidas sobre los principios que guiarán a los funcionarios en el uso de la fuerza. Aquí se consideraron principios tales como el de legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad.
Por otro lado, el proyecto establece que el personal afecto a esta norma deberá contar con formación y capacitaciones adecuadas. Esto para hacer uso de la fuerza en estricto cumplimiento de la presente ley.
Asimismo, se señala que los uniformados deberán cumplir con deberes que garantizarán un adecuado uso de la fuerza. Estos incluyen los de precaución, identificación, advertencia y gradualidad o progresión.
El proyecto contempla los grados de resistencia o agresión a los que se pueden enfrentar las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, considerando la forma en la que pueden afectar la integridad física del personal, de terceros, los derechos de las personas o bienes y servicios esenciales. Estos van desde la cooperación hasta la agresión activa.
La norma también define las etapas del uso de la fuerza. Éstas se corresponden con el grado de resistencia o agresión al que se ve enfrentado el personal en el contexto particular. Estas son presencia, actuación mediante técnicas de comunicación, reducción física de la movilidad, utilización de fuerza menos letal y utilización de fuerza potencialmente letal. Esta última procede solo cuando resulten insuficientes las medidas establecidas en las etapas previas. Y será justificada en los casos de cumplimiento del deber, legítima defensa, entre otras circunstancias.
También se dispone que quienes hagan uso de la fuerza en los términos de la presente ley no podrán ser objeto de ciertas medidas disciplinarias. Entre ellas se contempla las que impliquen el licenciamiento, baja o retiro temporal. Así también, otras equivalentes que impliquen una privación total o parcial de la remuneración o un cese del empleo que sirve en la respectiva institución. Todo esto mientras no concluya el respectivo sumario administrativo.
El Pleno también aprobó -con apenas tres votos de ventaja- la prohibición explícita de la tortura.
La bancada de Demócratas votó en contra de esa disposición e, incluso, el diputado Miguel Ángel Calisto apuntó que lo importante era dar atribuciones a las instituciones armadas para combatir el crimen organizado y que "no tenemos que estar preocupados por los tribunales internacionales de derechos humanos".
Por otra parte, fue rechazada la proporcionalidad en el uso de la fuerza, lo que dejó con preocupación al oficialismo y también al Gobierno.
El diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, destacó que "para nosotros era importante, primero, que se aprobaran (las RUF), porque es importante para el despliegue policial y para el despliegue militar; segundo, que fuera con eximente responsabilidad para quienes cumplen las RUF se aprobó y que se aprobara explícitamente la prohibición de la tortura, lo que también se aprobó".
En tanto, la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz lamentó que "el corazón de este proyecto ha sido desnaturalizado. La derecha se ha opuesto a que se prohíba que el personal policial y de las Fuerzas Armadas dispare a la parte superior del cuerpo de las personas que estén, incluso, en manifestaciones".
