Argentina pidió la detención del ministro de Economía de la dictadura
Martínez de la Hoz había sido beneficiado por un indulto presidencial de Menem tras ser acusado de participar en la detención ilegal de dos empresarios en 1976.
Martínez de la Hoz había sido beneficiado por un indulto presidencial de Menem tras ser acusado de participar en la detención ilegal de dos empresarios en 1976.
El Gobierno de Argentina pidió este jueves la detención del ex ministro de Economía de la última dictadura José Alfredo Martínez de Hoz, un día después de que un tribunal de alzada
ratificara la nulidad del indulto presidencial que benefició al ex funcionario en 1990.
La solicitud al juez Norberto Oyarbide fue efectuada por la Secretaría de Derechos Humanos, informó un comunicado de esa cartera, que preside Eduardo Luis Duhalde.
La Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires falló este miércoles por la nulidad del indulto al ex titular de Economía, al señalar que Martínez de Hoz está imputado en delitos de lesa humanidad durante el último Gobierno de facto (1976-1983).
La resolución del tribunal ratificó una similar de Oyarbide, que en septiembre de 2006 había declarado la nulidad del perdón dictado por el ex mandatario Carlos Menem (1989-1999).
En aquella ocasión, el juez también declaró nulos los indultos que beneficiaron al dictador Jorge Videla, primer presidente del Gobierno de facto, y a su entonces ministro del Interior, Albano Harguindeguy.
Oyarbide investiga los secuestros de los empresarios Federico Gutheim y Miguel Gutheim, padre e hijo, quienes pasaron cinco meses presos entre 1976 y 1977, con el fin de presionarlos para que aceptaran un contrato de exportación para su empresa algodonera
beneficioso a los intereses del Ministerio de Economía.
Durante su cautiverio, los Gutheim pasaron por dos cárceles de la capital argentina e incluso mantuvieron reuniones con funcionarios gubernamentales que intentaron convencerlos para concretar el negocio que pretendía la dictadura.
Una vez liberados, los empresarios demandaron al Estado y en septiembre de 1990 fueron indemnizados con unos 16.000 dólares.
Harguindeguy está preso por esta causa desde febrero pasado, mientras que Videla cumple arresto domiciliario por crímenes de lesa humanidad.
Desde la anulación en 2003 de las "leyes del perdón" que beneficiaron a represores de la dictadura, varios jueces declararon inconstitucionales los indultos dictados por Menem.
Lo mismo hizo en julio del año pasado la Corte Suprema de Justicia en un caso específico, aunque esta resolución sentó jurisprudencia para el resto de los expedientes. (EFE)