El sacerdote Christian Von Wernich, que vivió en Chile durante siete años, será procesado por la justicia trasandina como cómplice de 41casos de secuestros y aplicaciones de tortura.
Un tribunal argentino ordenó este viernes que el sacerdote Christian Von Wernich, a quien juzgará por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, sea enviado a una cárcel común por considerar un privilegio el estar alojado en una sede policial.
Von Wernich, de 68 años, está preso en el edificio de la Policía Montada en Buenos Aires, que "no reúne los requisitos legales y de seguridad" y además supone que el acusado "cuenta con prerrogativas" que no tienen otros detenidos, señaló en un dictamen.
El fallo del Tribunal Oral de la ciudad de La Plata, a 60 kilómetros de la capital argentina y que difundió la agencia estatal de noticias Télam, se basa en un informe según el cual el cura ocupa "un dormitorio con baño compartido en la dependencia policial".
Por tanto dispuso que "se traslade en forma inmediata a Von Wernich a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal apropiada a su situación procesal y que resguarde debidamente su integridad psicofísica".
En 1996, el sacerdote desapareció de su diócesis y se refugió en Chile, con el nombre falso de Christian González. En el país permaneció siete años, a cargo de la parroquia de El Quisco, pero un artículo la desparecida revista nacional Siete +7, titulado: "El cura torturador que se esconde en El Quisco", reveló su caso, obligando al sacerdote a renunciar y volver para enfrentar a la justicia trasandina.
Von Wernich será juzgado por el tribunal como cómplice de 41 casos de secuestros y aplicaciones de torturas, entre los cuales hubo siete homicidios calificados, delitos cometidos durante la represión política desatada por el régimen militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
El cura, detenido desde septiembre de 2003, "concurría en forma asidua a algunos de los centros clandestinos" de detención de la dictadura e "imponía tormentos principalmente psicológicos y morales" a los detenidos, según el fiscal Sergio Franco.
La Fiscalía consideró que los actos de Von Wernich, "conjugados con las condiciones de tormento y detención y los padecimientos físicos (de las víctimas), terminaban por constituir un cuadro decididamente horroroso".
El Gobierno y los organismos humanitarios han reclamado en varias ocasiones a la Justicia que los presos por delitos de lesa humanidad de la dictadura que están en sedes de las fuerzas de seguridad o dependencias militares sean alojados en cárceles comunes.
Fuentes judiciales señalaron que el Ministerio del Interior determinó en noviembre de 2004 que los agentes de las fuerzas de seguridad no están capacitados para atender detenidos en sus sedes.
Las leyes argentinas conceden el beneficio del arresto domiciliario a procesados mayores de 70 años, como es el caso del ex general Jorge Videla, el líder del golpe de estado de 1976 y primer gobernante de la dictadura. (EFE)
