Consideran que este decreto le da poderes al gobierno para vulnerar los derechos del pueblo boliviano.
En al menos en cinco de las principales ciudades del país se registraron manifestaciones.
Los diferentes sectores consideran que ese artículo le da el poder al gobierno de Luis Arce para que pueda hacer modificaciones por decreto.
Manifestantes salieron este jueves a exigir la revocación total de la ley n°1386 de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas en Bolivia, esto ya que consideran que da poderes al gobierno para aprobar decretos que vulneran los derechos del pueblo boliviano.
Inicialmente los gremios habían dado un plazo de 72 horas al gobierno tras lo cual convocaron a un paro por 48 horas. Este llamado no fue tomado en cuenta por algunos sectores que prefirieron salir a marchar.
Esto llevó a que al menos en cinco de las principales ciudades del país se registraron numerosas manifestaciones y bloqueos de vías.
La Ley n°1386 de "Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo", conocida también como "ley madre", fue aprobada el pasado agosto, y sobre esa norma el gobierno buscó tramitar el proyecto de ley n°218 sobre las acciones legales contra el dinero ilícito.
La semana pasada, el gobierno boliviano determinó el retiro del polémico proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que derivó de la "ley madre", tras un paro cívico, varios días de protestas y los anuncios de sectores de realizar más medidas de presión para exigir precisamente su anulación.
El gobierno sostuvo que en las protestas de la semana pasada se "utilizó" el proyecto de ley "como una excusa para instalar la desinformación para sembrar temor entre sectores populares del pueblo boliviano".
Los opositores al proyecto de ley consideraban que "atentaba contra la libertad de expresión" y que le daba "poderes extraordinarios" a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de investigar sus cuentas y las de los particulares.
Uno de los artículos que más polémicos indica que la "Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo podrá ser ajustada por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante Decreto Supremo, previa consideración y aprobación del Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo".
Los diferentes sectores consideran que ese artículo le da el poder al gobierno de Luis Arce para que pueda hacer modificaciones por decreto. Para el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) la ley 1386 o "ley madre" pretende "imponer un totalitarismo económico y financiero en contra de la sociedad civil".
"El propósito de la misma es generar acciones de inteligencia financiera contra la población, control de las actividades económicas del pueblo, persecución y amedrentamiento eximiendo de todo este proceso a la principal actividad ilegal generadora de ganancias ilícitas, cual es el narcotráfico", señaló en un comunicado en el que analiza cada punto de la ley n°1386.
Desde temprano en la ciudad de Santa Cruz los gremios comenzaron las manifestaciones por las principales vías y exigieron la "abrogación total" de la ley e insistieron en que sus demandas no tienen tinte político, como lo ha señalado el Gobierno.
En Cochabamba comerciantes salieron con pancartas con mensajes como "gremiales unidos jamás vencidos" y "no al atropello con la ley 1386".
En La Paz, sede del Gobierno y del Parlamento, algunas vías fueron bloqueadas por los manifestantes.
En Tarija y Potosí la medida también fue empleada por algunos gremios como transportistas que ya han anunciado que continuarán con las movilizaciones hasta que el Gobierno abrogue la ley.
