"Seguimos preparando todos los aspectos de esta posible visita, pero las presiones hacen que este trabajo sea más complicado", aseguraron desde el gigante asiático.
Se acusa al Gobierno de Xi Jinping de emprender una campaña de detención de cientos de miles de uigures, con el argumento de frenar la expansión yihadista.
China está negociando una futura visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a su región de Xinjiang (noroeste), donde se han denunciado abusos contra el pueblo uigur, pero las presiones externas obstaculizan ese viaje, destacaron hoy diplomáticos chinos.
"Recientes declaraciones de varios países han llevado los preparativos de la visita a un callejón sin salida", aseguró en rueda de prensa el embajador chino ante las Naciones Unidas en Ginebra, Chen Xu.
El diplomático citó como ejemplo un comunicado tras la cumbre del G7 (Grupo de los Siete países mas industrializados) el pasado mes de junio, en el que se denunciaban los abusos del Gobierno chino contra el pueblo uigur, mayoritariamente de religión musulmana.
"Seguimos preparando todos los aspectos de esta posible visita, pero las presiones hacen que este trabajo sea más complicado", añadió Chen, quien afirmó que un viaje de Bachelet "debería ser una visita amistosa, no una investigación en la que se presupone culpabilidad".
El embajador añadió que esta visita no podría estar exenta de ciertas restricciones, "ya que ni siquiera los viajes de Estado están carentes de ellas".
El agregado de la embajada para asuntos de derechos humanos, Jiang Duan, aseguró que la invitación a la ex presidenta ya ha sido extendida en varias ocasiones, y recordó que ya en el pasado hubo hasta ocho visitas de anteriores altos comisionados.
"Xinjiang está abierta a cualquiera, siempre que no tengan sesgos y sean objetivos", subrayó Jiang, quien afirmó que muchos gobiernos que piden vehemente la visita de Bachelet a Xinjiang se niegan sin embargo a enviar a sus diplomáticos a viajes organizados por el Gobierno chino para conocer esa región.
"Algo les impide ir allí y ver con sus propios ojos lo que está ocurriendo", destacó el agregado para derechos humanos.
Gobiernos, principalmente occidentales y grupos de derechos humanos, acusan a Pekín de emprender una campaña masiva de detención de cientos de miles de uigures, encerrados en campos de reeducación con el argumento de frenar la expansión de ideas yihadistas en esta comunidad compuesta por unos 13 millones de personas.
El régimen comunista argumenta que no se trata de campos de reeducación, sino "centros de capacitación vocacional", en el marco de un programa para mejorar la economía y sociedad de una región, Xinjiang, golpeada en los últimos años por varios atentados terroristas de corte yihadista.
