El Consejo Legislativo aplazó una sesión sobre cambios a le legislación a causa de los miles de manifestaciones que bloquearon las calles en la ciudad.
La aprobación del texto permitirá entregar a la China continental a los condenados.
El presidente del Consejo Legislativo de Hong Kong, Andrew Leung, decidió este miércoles posponer "hasta una hora posterior a determinar" la reunión de este órgano en la que se va a llevar a cabo la segunda lectura de la polémica ley de extradición, que se ha topado con oposición masiva en las calles.
"El presidente del Consejo Legislativo ha indicado que la reunión del consejo prevista para el 12 de junio de 2019 a las 11:00 horas (23:00 hora hora chilena del martes) se cambie hasta una hora posterior a determinar por él. Más tarde se notificará a los miembros de la hora de la reunión", indicó el legislativo hongkonés a través de un comunicado.
Los alrededores de la sede del Consejo Legislativo están este miércoles blindadas de policía, frente a los que se han concentrado miles de manifestantes.
En una de las calles aledañas al edificio, la avenida Tim Mei, la policía desplegó una bandera que rezaba "dispérsense o disparamos", según el diario hongkonés South China Morning Post, lo cual incrementó las tensiones, aunque por el momento no se han registrado enfrentamientos en la zona.
En contraste con el color blanco elegido para la manifestación del pasado domingo (donde los organizadores contaron un millón de personas, por los 240.000 contabilizados por la policía), muchos manifestantes optaron hoy por vestir de negro.
"¡Retíren la ley de extradición!" es una de las consignas coreadas por la multitud, jóvenes en su mayoría.
La propuesta de ley, puesta sobre la mesa en febrero y cuya votación final se prevé para el jueves 20 de junio, permitiría a la Jefatura del Ejecutivo local y a los tribunales de Hong Kong tramitar las solicitudes de extradición de jurisdicciones sin acuerdos previos -en particular, China y Taiwán- sin supervisión legislativa.
En teoría, los tribunales locales revisarían los casos de manera individual y podrían usar poder de veto para impedir ciertas extradiciones, y el Ejecutivo hongkonés insiste en que el texto intenta tapar un vacío legal.
El plan se ha topado con la oposición de periodistas, políticos extranjeros y empresas, que han expresado su preocupación por el riesgo de que residentes en Hong Kong -que pertenece a China pero cuenta con autonomía en campos como las leyes o la moneda- acusados de delitos sean trasladados a la parte continental de China.
De este modo, activistas locales y disidentes residentes en Hong Kong también podrían ser enviados a la China continental para ser juzgados.
El régimen comunista, carente de mecanismos de fiscalización y sin separación real de poderes, se comprometió en 1997 -cuando la soberanía de Hong Kong le fue devuelta de manos de Londres- a mantener el sistema dejado por los británicos hasta 2047, aunque la presión de Pekín sobre el archipiélago aumenta progresivamente.
