Documentos de la indagatoria a los que tuvo acceso El País vinculan a batallones con "falsos positivos", una masacre de indígenas y un caso de violencia sexual.
Este miércoles el Senado define ascenso de Nicacio Martínez, tras haber sido nombrado por el presidente Iván Duque.
El comandante en jefe del Ejército de Colombia, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, dirigió una brigada acusada por el Ministerio Público por al menos 283 supuestas ejecuciones extrajudiciales en los departamentos de La Guajira y del Cesar, según documentos entregados a El País por fuentes cercanas a la indagación.
En 23 de esos casos se produjeron entre octubre de 2004 y enero de 2006, cuando el general era segundo comandante y jefe del estado mayor del grupo.
Los documentos que indagan los "falsos positivos" -los asesinatos de civiles perpetrados por militares y presentados luego como guerrilleros de las FARC- describen episodios ya juzgados que ponen bajo la lupa las acciones de esa brigada, en la que Martínez asegura se dedicó a tareas administrativas.
La Décima Brigada Blindada que dirigió Martínez fue señalada en un informe del ex fiscal general Eduardo Montealegre como "uno de los primeros lugares en el ránking de presuntas ejecuciones extrajudiciales".
Los casos reportados en 2005, durante la presidencia de Álvaro Uribe, involucran al menos a dos batallones en asesinatos al margen de la ley, la acusación de una masacre indígena y un episodio de violencia sexual.
Este miércoles el Senado define ascenso de Nicacio Martínez
Este miércoles el Senado colombiano tiene previsto votar el respaldo o el rechazo del ascenso de Martínez, tras haber sido nombrado al frente del Ejército el pasado diciembre por el presidente Iván Duque.
En mayo pasado, una denuncia del diario The New York Times afirmó en un artículo que el Ejército ordenó a las tropas duplicar el número de rebeldes muertos en las operaciones militares, lo que podría poner en riesgo la vida de civiles, reencarnando los "falsos positivos".
De esa forma se conocieron las ejecuciones extrajudiciales en el país, que tuvieron su auge en la década pasada, cuando militares asesinaban a civiles que luego vestían como guerrilleros para ser presentados como muertos en combate para obtener permisos, premios y otros beneficios de sus superiores.
Tras ello la Procuraduría General de Colombia abrió una investigación para determinar si las decisiones del general pusieron en riesgo a la población.
La Fiscalía colombiana ha investigado hasta el momento cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que involucran a unos 1.500 militares.
De estos, 2.200 casos fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado y es la columna vertebral del acuerdo firmado con las FARC el 24 de noviembre de 2016.
