El Parlamento griego aprobó este jueves una controvertida ley que prevé instalar brigadas permanentes de policías en los campus universitarios.
El partido gobernante, Nueva Democracia, impuso su mayoría absoluta para sacar adelante la normativa, que ha despertado grandes protestas entre el sector educativo y la oposición.
Durante el debate, el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, señaló que esta reforma lleva "libertad y democracia" a las universidades, pues acabará con la "anarquía y la violencia".
La ley aprobada también limita el número de admisiones y el tiempo que tienen los alumnos para completar sus carreras.
El ex primer ministro Alexis Tsipras (2015-2019), líder de Syriza (el principal partido de la oposición), afirmó que la nueva norma es un "monumento al autoritarismo", y el Gobierno "está aprovechando la crisis para imponer un régimen de miedo y vigilancia".
SEMANAS DE PROTESTAS
Las organizaciones estudiantiles griegas convocaron multitudinarias protestas durante las últimas cinco semanas, acusando que esta ley busca acabar con el movimiento y dificultar el acceso de los jóvenes a la educación universitaria.
Durante esta misma jornada tarde se convocaron varias protestas y en Salónica, en el norte del país, manifestantes lanzaron bombas molotov, piedras y otros objetos contundentes a la policía, que respondió con gases lacrimógenos. Dicha protesta se saldó con al menos 24 detenciones.
CÓMO SE IMPLEMENTARÁ
Con la aprobación de esta ley, la policía -que hasta ahora podía acceder a la universidad sólo si había indicios de delito o se lo pedía el rector- tendrá un cuerpo permanente al interior de dichas instituciones, algo inaudito desde el fin de la dictadura de los coroneles, en 1974.
Para ello serán contratados mil agentes, que se instalarán inicialmente en las cinco mayores universidades del país.
La ley también prevé instaurar comisiones disciplinarias que impondrán sanciones e incluso podrán expulsar a los estudiantes que cometan infracciones durante los exámenes, participen en protestas dentro de los campus o los ocupen por la fuerza.
Además, se introducirá una nota mínima de acceso superior a la actual en muchas facultades, lo que preocupa a los rectores, al elevarse la dificultad de acceso a las carreras.
Según los dirigentes estudiantiles, este sistema reducirá las admisiones en un 25 por ciento y afectará especialmente a los alumnos con menos recursos.
La jornada dejó más de 20 detenidos en Salónica, tras enfrentamientos y ataques con bombas molotov contra la policía. (Foto: EFE)
Asociaciones de padres y madres critican que la reforma les supone gastos adicionales, ya que tendrán que hacer frente a segundas matrículas, clases de refuerzo o matrículas de universidades privadas, algo que muchos no pueden permitirse.
Las universidades que no apliquen la ley arriesgan una evaluación negativa que afectará su financiamiento público. Sin embargo, la mayoría de los rectores universitarios han expresado su desacuerdo con esta política de "mano dura" contra los movimientos estudiantiles.
