Una demanda de los trabajadores y una comisión investigadora analizará presuntas irregularidades.
Además, la casa de estudios enfrenta una severa crisis financiera.
La Universidad Arcis enfrenta severos problemas económicos.
Esta semana la Cámara de Diputados aprobó una comisión investigadora para analizar presuntas irregularidades cometidas por la administración de la Universidad Arcis, que atraviesa por una severa crisis financiera.
La instancia legislativa fue impulsada por la UDI para determinar la responsabilidad que tendría en los problemas económicos de la casa de estudios el Partido Comunista (PC), que controló por 10 años los destinos de la universidad, desde 2004 hasta fines de 2013, cuando la ONG ICAL y Ediciones ICAL Limitada abandonaron la estructura que dirigía el establecimiento educacional.
La actual crisis financiera de la Arcis implica un déficit operacional anual de 1.790 millones de pesos, una deuda bancaria por 6.780 millones de pesos, 5.000 millones de pesos en deudas incobrables y una imagen pública que "ha caído en un estado de mediocridad", según un informe de la consultora Entrepuertos.
Además, el sindicato de trabajadores presentó una demanda en contra de la Corporación Arcis, por el no pago de sus remuneraciones durante julio, acción judicial que busca encontrar responsabilidades más allá de la corporación, representada por la rectora Elisa Neumann y la Inmobiliaria Libertad, que la controló por 10 años y era representada legalmente por Patricio Palma.
Un reportaje de Ciper Chile mostró cómo se desarrolló la participación del PC en la administración de esta casa de estudios, señalando que en su arribo la universidad ya atravesaba por una crisis económica en 2004.
Además, el reportaje plantea que "la salida del PC fue una decisión política: si el partido quería ser parte de la Nueva Mayoría e impulsar la reforma educacional, no podía tener una universidad. Menos haber lucrado con ella, como lo demuestra esta investigación".
La historia del PC en la Arcis
En 2003 se constituyó la sociedad comercial Ediciones ICAL Ltda., cuyos socios iniciales fueron el actual diputado comunista Daniel Núñez y el miembro de la Comisión Política del PC Oscar Azócar, a través de la cual el PC entró a la propiedad de Arcis.
El empresario y ex miembro del MIR Max Marambio, también participó en la propiedad de la casa de estudios, a través dos de sus sociedades: Marambio y Rodríguez S.A. y Comercial Cañaveral S.A.
Cabe consignar que estas entidades surgieron bajo el alero del think tank del PC, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), de la cual también fue creada la ONG ICAL, esta ultima también partícipe en la universidad.
En 2004 la Corporación Arcis se reestructuró y posteriormente se inició el proceso de venta de la universidad, cuyo primer paso fue crear Inmobiliaria Libertad que quedó como dueña de los inmuebles de la universidad.
La Corporación Universidad Arcis quedó con el 99,5 por ciento de las acciones de la Inmobiliaria Libertad, mientras que el 0,5 por ciento restante pasó a manos de Roberto Celedón, por 8 millones de pesos.
La inmobiliaria quedó constituida por cuatro socios, cada uno con cerca del 25 por ciento por 200 acciones: Max Marambio (con 51 acciones repartidas entre sus sociedades Marambio y Rodríguez S.A. y Comercial Cañaveral S.A.), Ediciones ICAL Limitada (con 51 acciones), Inversiones Salvador S.A. (de un grupo de académicos antiguos, con 47 acciones) y Corporación Universidad ARCIS (controlada por los tres socios anteriores, con 51 acciones).
Posteriormente, Marambio decidió que Nazareno S.A. fuera la única sociedad con la que siguió administrando su participación en la universidad, algo "clave para administrar aportes conseguidos en Venezuela, con cuyo gobierno se venía gestando una estrategia de financiamiento desde al menos un año antes".
Los 13 millones de dólares de Venezuela
Es así como en enero de 2008 Nazareno y ONG ICAL recibieron fondos desde Venezuela, autorizados personalmente por el entonces presidente Hugo Chávez.
El Banco Nacional de Desarrollo Económico de Venezuela (Bandes) traspasó en enero de 2008 9,06 millones de dólares, (unos 4.392,5 millones de pesos) a la Universidad Arcis como parte de "un convenio de asistencia económica no reembolsable", pero ese dinero no llegó a la universidad directamente, pues pasó antes por las cuentas de ONG ICAL y Nazareno.
Según el convenio que estas dos entidades firmaron con Bandes el 11 de enero de 2008, el dinero fue enviado para el saneamiento de pasivos de la universidad: pago de arriendos, juicios pendientes, impuestos, pagos a proveedores y traslado de todas sus dependencias a la sede principal. Todo esto con el fin de generar condiciones que permitieran establecer en dependencias de la Arcis, la Escuela Latinoamericana de Estudios de Posgrado (ELAP).
Posteriormente, en marzo de 2009 Bandes autorizó una nueva partida de 4 millones de dólares, clasificada como "Asistencia Económica a la Universidad Arcis", envío que se concretó en octubre del mismo año y que en Chile se presentó como un crédito a largo plazo contra una garantía hipotecaría constituida por Inmobiliaria Libertad, con lo cual la suma de los dineros de Venezuela para la Arcis alcanzó los 13 millones de la moneda estadounidense.
ONG Ical y Ediciones Ical, entonces, empezaron a tomar control de la universidad, contando en el directorio de la corporación con 4 miembros del PC: Patricio Palma, Jorge Insunza, Daniel Núñez y Juan Andrés Lagos (presidente del directorio).
Los dos últimos participaron por la Inmobiliaria Libertad cuando la corporación hizo el pago de 439 millones de dólares para recuperar los derechos sobre el contrato de leasing por el Campus Libertad, 70 millones de pesos más que cuando le traspasó esos mismos derechos a la inmobiliaria en 2004, según detalló Ciper Chile.
La universidad, en rigor, fue representada por uno de los socios en la Inmobiliaria Libertad, Nazareno S.A. de Max Marambio y también presidente de la corporación (hoy fuera de la universidad); y la ONG Ical, representada por Oscar Azócar García, miembro del Comité Central del PC, ambos socios estratégicos y mayoritarios de Arcis.
Los cuestionamientos por lucro
Según la investigación de Ciper Chile, hubo al menos dos retiros de utilidades de los socios de la corporación.
El primero de ellos en julio de 2006, cuando el directorio de la inmobiliaria acordó el pago de un dividendo provisorio total por 60 millones de pesos.
Además, documentos oficiales acreditan que 6 años después, en 2012, se haría otro por unos 540 millones de pesos.
Como relata el reportaje, el 12 de diciembre de 2012 se reunieron los cuatro socios de Inmobiliaria Libertad S.A. El socio mayor era ONG ICAL, representada por Claudio De Negri Quintana, que con 101 acciones tenía el 50,5 por ciento de la propiedad.
Ediciones ICAL Ltda., cuyo representante era Marcos Barraza -actual subsecretario de Previsión Social- tenía el 25,5 por ciento. Con ambas el PC ya controlaba el 76 por ciento de las acciones de la inmobiliaria. Además, el partido ya tenía la mayor parte de Inversiones Salvador S.A., que seguía siendo titular del 23,5 por ciento. Y Max Marambio, a través de Nazareno S.A., apenas conservaba una acción, equivalente al 0,5 por ciento.
Así, se acordó reducir el patrimonio de la corporación, con lo cual los representantes de las cuatro sociedades procedieron a hacer cuentas para calcular el dividendo a repartir, el cual llegó a unos 540 millones de pesos, monto que los socios se repartieron al acordar que se redujera el patrimonio al capital original.
Un año más tarde el PC concretó su salida de la universidad que ahora enfrenta una demanda de los trabajadores y una comisión investigadora parlamentaria.
