El capitán en proceso de retiro Rafael Harvey, denunciante de una serie de irregularidades al interior del Ejército, sufrió el extravío del expediente de la causa que lo absolvió del delito de sedición, por lo que éste sigue registrado en sus antecedentes penales, lo cual le ha seguido ocasionando "experiencias perjudiciales" en su vida.
A pesar de que hace dos años la Corte Marcial lo absolvió de manera unánime de los cargos en su contra, decisión que se encuentra a firme, aún persiste en su certificado de antecedentes penales la anotación prontuarial que lo declara reo por sedición.
Según su defensa, se ha solicitado en dos oportunidades al Segundo Juzgado Militar de Santiago, el mismo que lo había condenado, la eliminación del delito de los registros, pero éste pide la presentación del expediente del proceso, el cual actualmente está perdido.
Harvey, desvinculado del Ejército el año pasado, fue condenado en 2015 por el Segundo Juzgado Militar capitalino a cinco años de reclusión militar menor en su grado máximo como autor del delito consumado de sedición impropia; a la pena accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de la inhabilidad absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; y, a la pena accesoria militar de separación del servicio.
Luego, la Corte Marcial acogió la apelación hecha por la defensa del entonces oficial militar y, en su fallo de segunda instancia, en junio de 2019 lo absolvió de manera unánime del cargo imputado. Esta decisión quedó a firme el 19 de octubre de 2020, cuando la Corte Suprema, máximo tribunal del país, tuvo presente que el Ministerio Público Militar desistió del recurso de casación en el fondo que había presentado.
El proceso en cuestión, con la resolución definitiva de término del caso, se debía remitir, primero, a la Corte Marcial y, luego, al Segundo Juzgado Militar de Santiago, para que este último, que es el encargado de hacer ejecutar lo juzgado, procediera a ello a la brevedad. "Existe constancia de que dicho proceso fue remitido desde la Corte Suprema, directamente, hacia el Segundo Juzgado Militar Santiago -y no a la Corte Marcial-, y en ese trayecto se extravió el proceso", sostienen desde la defensa de Harvey.
Luego, el 2 de febrero de 2021, el secretario de la Corte Suprema certificó que el expediente de la causa Rol N° 17824-2019, caratulados "C/Rafael Harvey Valdés", estaba extraviado, y ante ello el máximo tribunal ordenó reconstituir el documento.
"ACTO ILEGAL": LOS FRUSTRADOS INTENTOS ANTE EL JUZGADO MILITAR
En una primera ocasión, en noviembre de 2019, y ante la demora en la remisión del proceso desde la Corte Suprema, su defensa solicitó la eliminación de la anotación al mencionado juzgado militar, el cual determinó que para proceder a ello debía contar con el expediente. Lo anterior, pese a que dicha presentación fue acompañada de todas las resoluciones atingentes dictadas por la Corte Marcial y por la Corte Suprema.
Posteriormente, e invocando nuevos antecedentes, se realizó una nueva solicitud al Segundo Juzgado Militar. Ante tal presentación, el 8 de junio de 2020, el Juez Militar subrogante, coronel Rocco Giovanni Lancellotti Vergara, resolvió que "para proveer la presentación de Nelson Caucoto Pereira y Francisco Ugás Tapia, abogados, venga con sus antecedentes que se encuentran en la Corte Marcial".
Para Harvey y su defensa, esta última resolución es el acto decisorio ilegal, que perturba y amenaza los derechos a la libertad personal y a la seguridad individual de los que aquél es titular.
Rafael Harvey, desvinculado del Ejército el año pasado. (Foto:ATON)
SITUACIÓN "INDIGNANTE" QUE "PERJUDICA" SU VIDA
Esta anotación prontuarial que consta en el certificado de antecedentes ha perjudicado a Harvey en distintos ámbitos de su vida durante los últimos 5 años. Por lo cual, ante el extravío del expediente, el ex capitán castrense presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
La condena -cuya revocación aún no está ejecutoriada- "me significó vivir y me sigue significando vivir diversas experiencias perjudiciales en las cuales he sido tratado como culpable, tanto por personal del Ejército de Chile -por ejemplo, no pude ascender al grado de Mayor de Ejército; ingresar a la Academia de Guerra militar; y, se me denegó, en reiteradas ocasiones, mi postulación a Misiones de Paz de la ONU en Colombia y en Bosnia- como por otras instituciones estatales e, incluso, por privados", relató en el escrito.
A esto se suma que Harvey, dada la anotación penal, hoy ve amenazada su libertad ya que no podría salir del país, debido al arraigo de pleno derecho que le afecta al aún ser encargado reo; tiene dificultades para postular a trabajos o ser contratado, tanto en el sector público como en el sector privado; y, eventualmente, "ante algún procedimiento seguido en su contra, las policías, el Ministerio Público e, incluso, los tribunales de Justicia podrían darle un tratamiento diferenciado, derivado del hecho de que consta una anotación prontuarial en su antecedentes", expuso su defensa.
Una vez que fue procesado en el 2015, Harvey tuvo que pagar una fianza de 200 mil pesos para obtener su libertad provisional. Además, en esa causa se le incautó una grabadora por parte del fiscal militar instructor, "sin que exista un motivo actual que justifique mantener en tal condición el referido artefacto". Dicha fianza y dicho artefacto, tampoco le han sido devueltas por el tribunal, a propósito del extravío del expediente.
Para Francisco Ugás, uno de los abogados, "resulta indignante que el mismo tribunal que con tanto ahínco se preocupó y empecinó en condenar a nuestro representado, en un procedimiento basado en una investigación llena de vicios, ahora no dé curso inmediato a la eliminación de la anotación que obra en el certificado de antecedentes penales de aquél, que es una persona absuelta por decisión a firme de nuestra Justicia".
"Más (indignante) aun contando con todos los elementos para proceder en tal sentido, puesto que ha sido puesto en su conocimiento tanto la sentencia definitiva de segunda instancia de la Corte Marcial; el desistimiento del Ministerio Público Militar de su recurso de casación ante la Corte Suprema; y, la decisión de este último tribunal, que tiene presente tal desistimiento", sostuvo.
El recurso de amparo fue presentado ante el tribunal de alzada de Santiago, pero éste se declaró incompetente, tras lo cual será la Corte Marcial la encargada de conocerlo y resolverlo.
