Diputadas y diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) ingresaron un requerimiento en Contraloría para que se pronuncie "sobre la legalidad" de una Resolución exenta (N°422) que reemplaza la denominación y funciones del "Gabinete de la primera dama" por "Gabinete Irina Karamanos".
Lo anterior ocurrió luego de que el martes se conoció el documento de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República que informaba sobre la modificación oficial del cargo, que provocó diversas reacciones en el mundo político y en las redes sociales.
Es en ese marco que los parlamentarios gremialistas de la Cámara Baja presentaron el requerimiento ante el máximo ente fiscalizador del país, ya que señalan que la determinación sería "inconstitucional, ilegal y arbitraria".
Según argumenta el escrito presentado, "el ejercicio despersonalizado de la función pública, en virtud del cual ésta se debe ejercerse al servicio de la persona humana y no al revés", como parte de la Presidencia de la República.
En ese sentido, dicen que "pareciera ser que para la Administración actual el Gabinete de la Primera Dama sería parte del patrimonio personal inmaterial de la ciudadana Irina Karamanos".
Lo anterior "implica no sólo desatender el interés general (...), sino vulnerar el principio constitucional y legal (de) que la administración pública es técnica, profesional y jerarquizada".
De esta forma, acusan el incumplimiento del artículo 2° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone que "los órganos de la Administración tienen prohibido abusar o exceder en el ejercicio de las competencias que el ordenamiento le atribuye".
"Con este acto, con el cual se denomina a la institución con el mismo nombre de la persona que la ejerce, existe un claro abuso de poder", lo que provocaría que "cualquier situación que altere la relación de hecho que tiene la ciudadana Karamanos con el Presidente de la República obligará a dictar un acto administrativo modificando el actual".
Esto, según advierten en el documento, llegaría "incluso al absurdo que dicha resolución podría no ser modificada teniendo como efecto que otra ciudadana o ciudadano que encabece dicho gabinete (en esta u otra administración) seguiría administrando el Gabinete Irina Karamanos".
Además del pronunciamiento sobre la legalidad, piden al contralor determinar si la Directora Administrativa de la Presidencia de la República "se extralimitó en sus atribuciones" y que, si lo estima Jorge Bermúdez, indique la forma en que "deben aplicarse las sanciones administrativas" correspondientes, conforme a lo establecido en la actual Constitución.
