"Es común que los abogados y los fiscales se comuniquen en el marco, obviamente, de las obligaciones y las limitaciones" establecidas por la ley, dijo Francisco Bravo.
"No hay ningún aspecto (en la nómina dada por J.P. Hermosilla) que diga relación con las investigaciones que se llevan a cabo y con el curso o el futuro de ellas", indicó.
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, afirmó este viernes que el listado de persecutores que mantuvieron conversaciones con Luis Hermosilla, protagonista del "caso audios", no tiene ninguna trascendencia.
Durante la jornada de ayer, el abogado Juan Pablo Hermosilla entregó a la prensa un informe de 28 integrantes del Sistema de Justicia -fiscales, jueces y ministros de corte- que se han comunicado vía Whatsapp con su hermano y defendido, quien se encuentra en prisión preventiva.
En la nómina figuran persecutores -incluido el fiscal nacional, Ángel Valencia- y directores de unidades especializadas de la Fiscalía Nacional, así como exfuncionarios del Ministerio Público.
"Esto no tiene nada de especial, no tiene de reprobable ni reprochable. Es común que los abogados y los fiscales se comuniquen en el marco, obviamente, de las obligaciones y las limitaciones que la ley, la Constitución y los criterios de actuación de nuestros superiores establecen", dijo Bravo.
El líder del gremio persecutor añadió que "desde el punto de vista del contenido de esa conferencia, desde el punto de vista jurídico-procesal, nos parece que no hay nada trascendente, puesto que no hay ningún aspecto que diga relación con las investigaciones que se llevan a cabo y con el curso o el futuro de ellas".
No obstante lo argumentado por el gremio, la jefa de la bancada de diputados PPD-independientes, Camila Musante, y querellante en la causa que aborda el presunto tráfico de influencias dentro del Poder Judicial, pidió remover de la investigación a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, uno de los nombres de la bullada lista.
Sumado a que fuese mencionada por la defensa de Hermosilla, la parlamentaria estimó que el que la persecutora "no resuelva con la suficiente rapidez las diligencias de la investigación que le hemos solicitado, es causal suficiente para solicitar un cambio".
"El Ministerio Público tiene que dar una señal clara y contundente de que le interesa revisar quiénes son responsables del delito de tráfico de influencias en el Poder Judicial, a propósito de los nombramientos de Hermosilla, pero también del rol que jugó el exfiscal (Manuel) Guerra", sentenció Musante.
