Diputados oficialistas presentaron este lunes una denuncia ante Contraloría para que investigue y se pronuncie sobre los contratos directos suscritos entre el Ministerio de Educación y la Universidad San Sebastián (USS) durante el período en el que la hoy candidata a alcaldesa de Las Condes Marcela Cubillos era titular de la cartera.
La acción fue ingresada por los parlamentarios Juan Santana (PS), Luis Cuello (PC), Gael Yeomans y Andrés Giordano (ambos del FA), quienes cuestionan la adopción de tres convenios entre las partes.
El primero corresponde a uno acordado entre el Centro de Perfeccionamiento Educacional Experimental (Cpeip) y la casa de estudios para la formación de directores y mentores; el segundo, a uno suscrito con la Subsecretaría de Educación Superior para construir un instrumento docente de educación diferencial; y el último, adoptado por el Mineduc al adjudicarse una licitación para elaborar textos escolares.
"Es una acción bastante cuestionable que la cartera, a través de la cual la exministra Cubillos estuvo a cargo durante todo ese tiempo entregando cuantiosos recursos de dinero a la USS, posteriormente haya sido la misma institución donde fue contratada por 17 millones de pesos", acusó el diputado Santana.
"Estamos pidiendo un pronunciamiento sobre la legalidad de estos actos, si es que existe un delito de tráfico de influencias producto de esta situación", añadió.
Su par frenteamplista Gael Yeomans, en tanto, se refirió a los argumentos que la exconvencional ha esgrimido "para protegerse" de la polémica que la envuelve, y sostuvo que "su tesis de 'libertad' no la blinda de tener que responder a las instituciones del Estado por recursos del Estado".
La denuncia se suma a la investigación judicial que la Fiscalía desarrolla actualmente, además del oficio que la Superintendencia de Educación ordenó a la casa de estudios; ambos por el millonario sueldo de Cubillos.
DIPUTADA CICARDINI: "ESTO ES SOLO LA PUNTA DEL ICEBERG"
La diputada socialista Daniella Cicardini volvió a referirse a la denuncia que ingresó al ente persecutor junto a su correligionario Daniel Manouchehri, a raíz de las acusaciones de la exconvencional Teresa Marinovic sobre un presunto ofrecimiento de jugosos sueldos por parte de la USS a sus compañeros, a fin de promover la campaña del Rechazo en el plebiscito de salida.
"Acá no estamos hablando sólo de un sueldo escandaloso. Esto es la punta del iceberg de una denuncia que nosotros tenemos (presentada) sobre la sospecha gravísima de un eventual financiamiento (irregular) de la política", sostuvo.
"(El caso) tiene que ver con que existían listas de exconvencionales que eran contratadas por la casa de estudios, no necesariamente para pisar una sala de clases", apuntó la parlamentaria.
En tanto, otro grupo de parlamentarios oficialistas ingresaron una nueva denuncia al Ministerio Público para que investigue el posible delito de malversación de caudales públicos, en el marco de los dichos de Marinovic.
El diputado Boris Barrera (PC) indicó que "un posible financiamiento ilegal de la política a través de lo que hemos conocido de la exconvencional Teresa Marinovic, que ha hecho esa denuncia pública de que estaría la USS pagándole sueldos millonarios a personeros sin realizar prestación alguna. Es malversación de fondos públicos, porque la USS recibe casi la mitad de sus ingresos desde el Estado, a través del Crédito con Aval del Estado, de becas, de postulación a proyectos que tienen que ver con investigación".
