El juez trasandino Claudio Bonadío esgrimió, entre otras causas, que no está acreditado en el pedido chileno la participación del llamado "comandante Salvador" en los hechos que se le imputan.
En el tercer día de audiencia, el magistrado argentino Claudio Bonadío resolvió no dar curso a la extradición del ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Sergio Galvarino Apablaza, solicitada por la Justicia chilena.
El juez trasandino decretó la inmediata libertad del imputado tras considerar que, si es enviado a Chile, "no estará asegurado su debido proceso" y al precisar que no se cumplieron algunos de los requisitos previstos en la ley de extradición, informaron fuentes judiciales.
Entre sus argumentos, Bonadío dijo que que no está acreditado en el pedido de extradición la resposabilidad del llamado "comandante Salvador" en el homicidio del senador Jaime Guzmán (UDI) y del secuestro del empresario Cristián Edwards, hijo del dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards.
Asimismo dijo que no se cumplieron algunos requisitos de derecho internacional cuando se le declaró reo en rebeldía y se le sometió a proceso en ausencia en Chile, sin que un abogado tuviera la posiblidad de rebatir los argumentos que hicieron en su contra.
El abogado que representa al Estado Chileno en Buenos Aires, Gustavo Gené, explicó a Radio Cooperativa los argumentos del juez Bonadío.
"De los muchos argumentos que se plantearon, en un porcentaje muy alto le ha dado la razón a los requerimientos del Estado chileno, pero plantea que los autos de procesamiento que envía la Justicia chilena no cumplirían con los recaudos que deberían cumplirse", dijo.
"Por otro lado (...) plantea que el procesamiento en ausencia, que es una posibilidad que tiene la Justicia chilena no es reconocido por parte de la Justicia argentina. Con esto dice que no se dan los recaudos formales porque dice que de esta manera no se garantiza el debido proceso", añadió
Alegato de Apablaza
Antes de conocer la sentencia, el también conocido en Chile como "Comandante Salvador" alegó que las "únicas cicatrices y manchas de sangre" que tiene son las de las "torturas" a las que fue sometido durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Quien fuera líder del ultraizquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) habló durante casi una hora y reiteró que en Chile subsiste un "estado de impunidad", además de denunciar la existencia de un "pacto entre el Gobierno civil, la derecha pinochetista y los militares para no tocar a Pinochet".
Apablaza, de 54 años, consideró que fue sentado en el banquillo de los acusados por haber pertenecido al FPMR y al Partido Comunista de Chile, y destacó que es la "primera vez" que pudo defenderse en un juicio.
El FPMR fue el brazo armado del Partido Comunista (PC) durante la dictadura de Pinochet y Apablaza Guerra comandó de 1987 a 1990 a esa organización, que se disolvió con el regreso de la democracia en Chile.
Durante las audiencias, el abogado de Apablaza, el argentino Rodolfo Yanzón, aseguró que su cliente, que declaró ser un perseguido político, no recibiría un juicio justo en Chile e incluso sería sometido a torturas en caso de que fuera extraditado.
En representación del Estado chileno, el abogado Gustavo Gené dijo que Apablaza debía ser enviado a Chile porque en ese país "hay una justicia imparcial, que actúa con independencia del Gobierno", mientras el fiscal Carlos Rívolo consideró que el ex guerrillero debía ser juzgado en su país.
