La casa de estudios acusó que construcciones se elevaron a más del doble de la altura permitida.
En el libelo se solicita la demolición de nueve pisos de la edificación.
Esta torre de departamentos no cuenta con la recepción municipal y es una de las cuestionadas por la U. de Chile.
Representantes de los docentes, funcionarios y estudiantes de la U. de Chile presentaron una demanda en contra de la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A. que llevó a cabo dos edificios de 19 pisos y la sede de la U. San Sebastián, en el sector de Pío Nono, en la comuna de Recoleta.
En la demanda, acogida por el tribunal el viernes pasado, la casa de estudios apuntó que las construcciones del denominado "Conjunto Armónico Bellavista" violan la ley urbanística debido a que los edificios destinados a vivienda se elevaron "a más del doble de altura de lo legalmente permitido", por ello se solicita la anulación de los permisos legales otorgados por el municipio de Recoleta.
En el libelo se detalla que el plano regulador de la comuna solo permite una altura máxima de nueve pisos, por lo que se pide la demolición de las obras irregulares, es decir, nueve de los 19 pisos de la torre de viviendas que ya está construida, pero que aún no es recepcionada por la Municipalidad de Recoleta, consignó La Tercera.
En el caso de la sede de la U. San Sebastián se cuestionan 9,4 metros de altura que exceden lo legal.
El alcalde Daniel Jadue también mantiene una disputa judicial con la inmobiliaria por la no recepción de este proyecto.
Además, la Universidad de Chile incluyó en la acción legal a la Municipalidad de Recoleta, por "las irregularidades cometidas en la entrega de los permisos de edificación".
Parte de la demanada señala que "el edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, un edificio patrimonialmente reconocido y protegido, ícono del Barrio Bellavista, es, probablemente, el más damnificado con la construcción de un proyecto inmobiliario que, simplemente, no respetó y despreció la escala de barrio".
Además añade que "vulneran las normas de protección patrimonial, afectando a edificios históricos, como lo estableció la Contraloría General de la República".
Por otro lado, los propietarios de la torre de departamentos se sumaron a un recurso de protección de la inmobiliaria contra un decreto de demolición dictado por el municipio y acusan que en seis años no han podido recibir sus departamentos por no tener la recepción municipal del proyecto.
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