La comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre la actuación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones durante el estallido social, concluyó que existió un "incumplimiento" de estas instituciones en el resguardo de los derechos humanos en el marco de sus tareas de control del orden público.
La instancia se creó en enero del 2020, a fin de analizar los actos de los órganos de Gobierno que hayan provocado lesiones o muerte, apremios ilegítimos, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual contra civiles u otros hechos que implicaron afectación o violación de los derechos humanos, desde el 18 de octubre del 2019 hasta la fecha que la comisión finalizase su labor.
Un año y ocho meses después de haberse constituido, los diputados integrantes votaron este jueves su informe final, que fue aprobado por ocho votos a favor y dos en contra.
Según reseña brevemente la Cámara Baja, el documento concluyó que hubo "incumplimiento en el resguardo de los DDHH", apuntando a las fuerzas policiales, encargadas de la mantención y protección del orden público.
Asimismo, señaló que los agentes del Estado han incurrido en tal incumplimiento por su participación y responsabilidad directa en estos actos.
Junto con ello, la comisión propuso que el Estado adopte una serie de medidas, principalmente "comprometerse a transformar de manera profunda, estructural e inmediata a Carabineros de Chile", institución que "se aspira a que se subordine totalmente al poder civil y desarrolle un proceso de formación policial basado en el respeto irrestricto de los DDHH".
Planteó que ese proceso "contemple la participación de la población" ya que "dicha transformación debe adecuar a las policías a las necesidades de un Estado democrático", además de que "las policías tengan organismos de control que eviten los actos de corrupción".
Por otra parte, la instancia investigadora exhortó también a una "revisión inmediata de todas las querellas por Ley de Seguridad (Interior) del Estado incubadas a través del Ministerio del Interior o de las intendencias regionales".
"Asimismo, que se contemple el retiro de todas aquellas acciones judiciales que se entiendan iniciadas por motivos exclusivamente políticos", complementó.
El informe será expuesto ante la Sala por la diputada Maya Fernández (PS), presidenta de la comisión, y también será remitido a la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), Carabineros y la PDI.
Junto a Fernández, el grupo parlamentario estuvo integrado por su correligionaria socialista Emilia Nuyado, el DC Gabriel Ascencio, el PPD Raúl Soto, Natalia Castillo (Nuevo Trato), el frenteamplista Diego Ibáñez (Convergencia Social), la comunista Carmen Hertz; y desde la derecha los UDI Juan Fuenzalida, Nino Baltolu y Cristian Labbé -sustituyó en mayo a su correligionario Gustavo Sanhueza-, los RN Bernardo Berger y Luis Pardo y el Evópoli Luciano Cruz-Coke.
En la sesión de hoy fueron votados dos informes, uno propuestos por el diputado Pardo y otro de las diputadas(os) Fernández, Hertz, Ascencio, Nuyado, Castillo, Ibáñez y Soto, resultado este último aprobado.
Según reportes del INDH, entre octubre del 2019 y marzo del 2020 se registraron 2.825 víctimas de violaciones a los DDHH en 4.075 hechos vulneratorios cometidos principalmente por Carabineros (3.806). De ellas, 101 sufrieron trauma ocular, 20, estallido de globo ocular, y 32 perdieron la visión de uno o ambos ojos por trauma ocular irreversible. Hubo siete muertes atribuibles a actuaciones de agentes del Estado.
De las 3.029 querellas que ha interpuesto el Instituto hasta la fecha, hay 68 causas formalizadas y 3 con sentencia firme y ejecutoriada.
