La Fiscalía de Los Lagos presentó una acusación contra dos ejecutivos de la empresa Essal -perteneciente a Aguas Andinas- por operar la planta de tratamiento de aguas servidas de Los Muermos "a sabiendas" de que su funcionamiento ha contaminado el Estero el Clavito entre 2015 y 2019.
Se trata de la primera investigación de este tipo contra altos cargos de una sanitaria, en la que Hernán Konig Besa (representante legal y gerente general de la empresa) y Paula Hormazabal Villar (jefa de procesos de saneamiento a cargo de la operación, supervisión y funcionamiento de la planta) están acusados del delito de propagación de productos o elementos peligrosos para la salud animal o vegetal.
La denuncia del Ministerio Público señala que la contaminación en esta zona les causó la muerte y enfermedades a animales de crianza y domésticos; polucionó los pozos de suministro de agua para riego agrícola, y afectó a 14 personas.
Según La Tercera, la acusación presentada por el fiscal adjunto de Maullín y Los Muermos, Jaime Aguayo Sánchez, detalla que la planta "introdujo y propagó al estero bacterias y otros microorganismos, tales como coliformes fecales, provenientes de productos y residuos domiciliarios sólidos vertidos en el cauce".
"Todo lo cual causó fragilidad ecosistémica del afluente, ambiente anóxico por generación de ácido sulfurídrico, metano y otros gases derivados de la descomposición orgánica, efectos que se evidencian a casi tres kilómetros aguas abajo del punto de descarga de la planta de tratamiento", agrega.
Por tanto, la Fiscalía solicita penas de tres años y un día tanto para Konig como para Hormazabal, en el marco de lo que según el fiscal regional, Marco Emilfork, "es un hito tremendamente importante en materia medioambiental".
Por su parte, Francisco Velozo, defensor de la sanitaria Essel, valoró la acusación del Ministerio Público como "un paso necesario en el procedimiento que establece la ley y abre una nueva etapa en el esclarecimiento de los hechos", pero le atribuyó la responsabilidad de este tipo de hechos al Estado.
Según el abogado, la contaminación "responde a la saturación de las redes de la empresa al tener que hacerse cargo de aguas lluvias que deben ser gestionadas por el Estado, que aún no ha construido las obras que por ley está obligado a ejecutar".
Se espera que durante la audiencia de preparación oral -programada para el próximo 04 de julio a las 11:00 horas- la Fiscalía presente 92 evidencias documentales, 42 testimonios, siete pericias y 14 otros medios de prueba.
