PDI allanó oficinas del MOP por posibles irregularidades en contratos

La Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones allanó oficinas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Santiago y Rancagua por posibles irregularidades en contratos, luego de una denuncia hecha por la misma cartera, y que ha derivado en, al menos, seis funcionarios investigados.

El año pasado, una auditoría interna del MOP detectó posibles irregularidades en la ejecución de trabajos de conservación de caminos en la Región de O'Higgins por lo que se presentó la denuncia al Ministerio Público.

Las investigaciones culminaron con la incautación por parte de Policía de Investigaciones información computacional  de manera simultánea en oficinas de Rancagua y Santiago.

El titular de la cartera, Sergio Bitar, aseguró que se contactó con el fiscal nacional Sabas Chahuán para que hiciera las investigaciones "y ahora me alegro que los fiscales hayan avanzado y van a tener toda la colaboración nuestra porque nosotros hicimos la denuncia".

El ministro solicitó que se castigue por igual a los funcionarios del sector público y privado en este caso, "para que el país sea honesto entero", ya que señaló "se necesitan dos para bailar tango".

Bitar recordó que la seremi del MOP en Rancagua de la época, Beatriz Valenzuela, presentó la denuncia ante el Ministerio Público, luego de lo cual fue amenazada y debió recibir protección policial antes de renunciar a su cargo en marzo pasado.

Seis funcionarios públicos involucrados

En Santiago las diligencias fueron encabezadas por el fiscal de Rancagua, Rodrigo Díaz quien informó que los involucrados serían unos "seis o siete funcionarios públicos más unos cinco privados".

Por su parte, el fiscal del MOP, Jorge Norambuena explicó que la auditoría que originó la acción judicial se basa en contratos en donde "no se abultaron montos sino, (según) lo que se está viendo, es si se llevaron a cabo las obras de mantención" las cuales -señaló- son difíciles de percibir.

Añadió que "la obligación de un contratista en esos contratos es de mantener la vía al uso público sin obstáculos ni dificultades, por lo tanto es difícil, a veces, concretar que se ha hecho el despeje".

Norambuena especificó que los dos contratos involucran fondos por "más de 1.300 millones, pero no quiere decir que eso sea el monto defraudado".

Personal policial se llevó del Ministerio de Obras Públicas información de los computadores de la entidad respaldadas en CDs de las direcciones de Vialidad y Aeropuertos, en donde trabaja uno de los eventuales involucrados.