El Servicio Jesuita a Migrantes criticó como "fuera de la ley" la expulsión colectiva de migrantes que llevó a cabo la semana pasada el Gobierno, en Iquique, cuando envió de vuelta a Caracas a 55 ciudadanos venezolanos por estar de manera "irregular" en el país o supuestamente por haber cometido delitos.
En conversación con Lo Que Queda del Día, la directora nacional del SJM, Waleska Ureta, planteó que el procedimiento no se ajustó la nueva Ley de Migraciones, promulgada este mismo mes por el Ejecutivo tras más de siete años y medio de tramitación en el Congreso.
"Lo que ocurrió la semana pasada, las expulsiones colectivas, nos tiene con mucha preocupación y muy atentos, con mucha indignación", manifestó.
"Para nosotros no está dentro del marco legal actual (...) porque la nueva ley de migraciones les da la posibilidad a quienes entraron por pasos no habilitados la salida del país a obtener la visa en el consulado chileno en su país de origen, sin ser sancionados", expuso.
Igualmente "nos preocupa que el estatus migratorio no va a poder ser dentro de Chile (la obtención), con algunas excepciones, (porque) van a tener que volver (a su país de origen), pero hoy en pandemia los consulados están prácticamente cerrados, hay mucha demora", apuntó.
"Todos queremos que la migración sea idónea, regulada, las personas quieren insertarse, trabajar", enfatizó, "pero -cuestionó- si uno mira los datos, la obtención de visas es de menos del 20% en los últimos años; están los insturmentos, está la voluntad de las personas migrantes de hacerlo, pero no hay obtención de visa".
Además, "es importante que desmitificar y educar, entre otras cosas, sobre la penalización de la migración", subrayó: "Más del 80% de las detenciones de personas migrantes fueron por infringir las medidas sanitarias y esto tiene un relato en que tenían la necesidad de salir a trabajar (...) en empleos informales".
"LA FORMA DE MIGRACIÓN CAMBIÓ"
Ureta también comentó el "Anuario 2020" del Servicio a Migrantes, que reveló una baja del 70% en los ingresos de migrantes el último año, "que coincide con el cierre de fronteras por la pandemia"; pero que a la vez se duplicaron las entradas por pasos no habilitados, de 8.048 en 2019 a 16.848 en 2020.
De hecho, "encontramos que de enero de 2018 a enero de 2021 se han regustrado 35.400 ingresos por pasos no habilitados, que concentran el 79% de la última década", de los cuales los mencionados más de 16.000 fueron sólo en 2020.
"Si bien existe esta baja de ingresos, la manera de migrar cambió: no significa que las personas hayan dejado de migrar, sino que cambia la forma, dado el cierre de fronteras y las medidas administrativas", sostuvo.
"Continúan las crisis comunitarias, sociopolíticas y económicas en países de la región (...) y las personas se ven forzadas a la migración, la migración forzada, no por calidad de vida sino por subsistencia, sigue siendo una realidad (...) y se suma la pandemia; las personas no dejan de migrar porque las crisis siguen afectando su subsistencia, y la migración se vuelve más precaria y vulnerable", complementó.
En ese sentido, en esta época de pandemia, debido al cierre de fronteras, ante "la imposibilidad de entrar por pasos habilitados, regulares, se entra por pasos no habilitados", y -advirtió- "mientras más aumentan los ingresos por pasos no habilitados y este cambio en la forma de migrar, se hace más precaria (...) y se empieza a producir el aumento del tráfico de personas, donde hay estafas, abusos".
Detalló que "los tres primeros flujos migratorios en Chile son desde Venezuela, Perú y Haití (...) y venezolanos y haitianos tienen más salidas que ingresos regulares, y también lideran ingresos por pasos no habilitados", lo cual "tiene un correlato directo con lo que se vive en ambos países (...) y coincide con las medidas administrativas que se establecen tanto para personas de Haití como de Venezuela, como la visa de responsabilidad democrática y la visa de turismo consular, y se suma la pandemia".
