La ministra del Interior, Izkia Siches, replicó este martes a la acusación constitucional presentada en su contra por la bancada del Partido Republicano, quienes la enjuiciarán por "comprometer el honor de la Nación, infringir la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin ejecución", particularmente en relación con la crisis de violencia en la Macrozona Sur.
La jefa de gabinete, que será representada por la abogada Elisa Walker, respondió cada uno de los siete capítulos del libelo, texto en el que también reveló que acudirá a la denominada "cuestión previa" que de ser aprobada, dejará toda la acción sin efecto, consignó Meganoticias.
RETIRO DE QUERELLAS, DISPAROS EN TEMUCUICUI Y "WALLMAPU"
Frente al primer capítulo, que se centra en la crítica por el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado presentadas durante el estallido social, Siches respondió que si bien el interponerlas "es una facultad de uso excepcional y en ningún caso una obligación, la decisión de retirarlas, cuestión que se encuentra expresamente reconocido en la ley, está suficientemente fundada".
"El principal órgano encargado de proteger y promover los Derechos Humanos en el continente, la CIDH, hizo una recomendación explícita a Chile, de evitar usar la Ley de Seguridad del Estado indiscriminadamente; las manifestaciones sociales acaecidas desde octubre de 2019 dejaron un saldo preocupante de personas detenidas y privadas de libertad, sin juicio previo; y en a lo menos 139 casos, debido a su menor gravedad y afectación a la seguridad del Estado, no se vislumbraron motivos plausibles para hacerla aplicable", argumenta la ministra.
El segundo capítulo del libelo cuestiona que no se querellara después de los disparos durante su visita a Temucuicui, a lo que ella contesta que "no existe tal cosa como un deber de presentar querellas por parte de esta ministra del Interior y Seguridad Pública".
De todas maneras, plantea que sí se dio cuenta de los hechos a Carabineros: prueba de ello es que "concurrieran al lugar el fiscal de turno del Ministerio Público, personal del OS9 de Carabineros, personal del Departamento de Criminalística de Carabineros de Chile y el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros de Chile".
El siguiente apartado dice relación con el uso del término "Wallmapu", que generó una polémica con parlamentarios argentinos: al respecto, la jefa de gabinete recuerda que la canciller Antonia Urrejola aclaró en la Cámara Baja que "el gobierno argentino no realizó ninguna protesta diplomática, ni queja formal por las referidas declaraciones, y, en consecuencia, la situación no generó un problema diplomático bilateral".
"Se debe resaltar que las artificiosas polémicas que se intentaron levantar a propósito del uso del concepto 'Wallmapu', se vieron opacadas por la exitosa gira realizada por S.E. el Presidente de la República, que contó, entre otras actividades, con un concierto de la hermandad chileno-argentina", añade el documento.
"VUELO FANTASMA" Y EXPULSIONES DE MIGRANTES
El cuarto capítulo aborda su errónea acusación de que un avión que debía expulsar a venezolanos habría regresado al país con todos sus pasajeros dentro, por lo que Siches sostiene que no existió vulneración a la probidad, ya que "esta ministra entregó información teniendo fundamentos para ello. No ha sido nunca mi intención declarar 'falsedades', ni menos esa conducta ha sido persistente, reiterada o habitual, como han pretendido la y los autores de la acusación".
Dicho esto, admite que realizó intervenciones "con información equívoca o imprecisa cuyo origen se debió a desprolijidades que no me fueron imputables en absoluto. En efecto, esta información fue rectificada públicamente, tan pronto tuve conocimiento del equívoco". Cabe destacar que una funcionaria del Servicio Nacional de Migraciones fue sancionada por entregarle información incorrecta durante el traspaso de mando.
En la misma línea, el quinto capítulo acusa que no se están llevando a cabo todas las expulsiones migratorias correspondientes, a lo que la ministra explica que estos procedimientos son determinados "por un juez como pena sustitutiva para aquellos extranjeros que no residieren legalmente en el país", y que si bien ella "dispone de un margen de acción para adoptar las decisiones de dirección política", su implementación "no es una cuestión que esté dentro de sus competencias".
A la vez, descarta que el decreto que permite solicitar un permiso de residencia temporal fomente el turismo laboral, dado que "es claro que los requisitos previstos en el artículo 18 no suponen de ninguna manera un permiso generalizado de ingreso al país (...) Asimismo, es claro que las afirmaciones vertidas en el libelo de la acusación constitucional no son verídicas ni justificadas".
ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DECLARACIÓN DE LLAITUL
El libelo vuelve al acontecer en la Macrozona Sur en su capítulo sexto: en ese marco, Siches se refirió a la implementación -a juicio de los acusadores- "tardía, insuficiente y acotada" del estado de excepción apuntando que "las consecuencias del conflicto en la zona sur no pueden ser atribuidas a una sola persona, ni menos aún, a esta ministra".
"La situación que describen la y los acusadores en su libelo y los perjuicios a las garantías fundamentales que invocan para acreditar una supuesta infracción al Artículo 1 de la Constitución Política de la República, no pueden ser imputadas a ninguna acción u omisión de esta ministra del Interior y Seguridad Pública, la que en sólo tres meses en el cargo no puede solucionar un conflicto de larga data en la historia de nuestro país".
El apartado final cuestiona a la autoridad por no haber denunciado al líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, por sus declaraciones llamando a la "resistencia armada", y tal como lo ha manifestado con anterioridad, ella señala que "es claro que el Ministerio Público es el órgano constitucional encargado de la persecución y ejercicio de la acción penal, siendo este el encargado de la investigación de los delitos".
"Así, no corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en general, ni a la ministra del Interior y Seguridad Pública, en particular, perseguir ni investigar determinados delitos", remata el escrito.
