Diputados PPD plantean que durante un año no puedan prestar servicios a empresas relacionadas con sus respectivas carteras.
Si un ex ministro pasa inmediatamente al sector privado a realizar actividades lucrativas podría actuar "como un verdadero lobbista", dicen los legisladores, entre ellos el ex timonel Pepe Auth.
Un grupo de diputados del PPD presentó un proyecto de reforma constitucional que propone prohibir que quienes se desempeñen como ministros y subsecretarios de Estado prestar servicios o pertenecer al directorio de alguna persona jurídica relacionada con el Ministerio o Servicio que les correspondió dirigir por un período de un año desde que hayan cesado en el cargo público.
Según informa la Cámara Baja en su sitio web, la iniciativa fue presentada por los diputados PPD Jorge Insunza, Pepe Auth, Guillermo Ceroni, Daniel Farcas, Felipe Letelier, Marco Antonio Núñez y Joaquín Tuma, y derivada a la Comisión de Constitución para su análisis.
El proyecto propone que a quienes transgredan esta norma se les aplique la inhabilitación por tres años de ejercer cualquier cargo público, sea o no de elección popular.
El artículo 56 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado establece la incompatibilidad por seis meses desde la cesación en el cargo público para quienes fueron funcionarios públicos o autoridades para que tengan un vínculo laboral con entidades que les haya correspondido fiscalizar.
"Los parlamentarios consideran esta norma insuficiente, porque deja fuera un conjunto de relaciones o vínculos contractuales y se circunscribe sólo a ex autoridades y a instituciones fiscalizadas, dejando sin regulación el vínculo posterior entre ex altas autoridades como Ministros y Subsecretarios y las empresas del sector privado", informó la Cámara de Diputados.
Por esto, "consideran que la prohibición o incompatibilidad de vincularse contractualmente por un período de tiempo con empresas del sector privado debe ampliarse no sólo a entidades sujetas a fiscalización por quien fue autoridad; sino también a las altas autoridades de Gobierno y a empresas que dado su rubro o giro, se relacionen con el ámbito de competencia de algún Ministerio o Servicio".
Si un ex ministro pasa inmediatamente al sector privado a realizar actividades lucrativas "generaría un espacio de relaciones inapropiadas, actuando como un verdadero lobbista' de una empresa, debido a sus influencias", argumentaron los legisladores.
