El fiscal nacional, Jorge Abbott, encargó a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte iniciar una investigación por eventual uso irregular de sellos, membretes o logos oficiales de la Convención Constitucional con posterioridad a su disolución el pasado 4 de julio.
La indagatoria fue abierta el 18 de julio a raíz de la denuncia del diputado de la bancada republicana Benjamín Moreno, y quedó en manos del persecutor Paulo Ramírez, quien ya ordenó a la PDI desarrollar las primeras diligencias, entre las cuales estuvo la declaración del legislador y la ubicación de testigos y eventuales imputados, informó La Tercera PM.
Parte de los ejemplos de la acusación es que la cuenta de Twitter @convencioncl cuente con publicaciones posteriores a la disolución del órgano, así como el que el sitio web GuíaConstitucional.cl también se mantuviera activo una vez terminadas las funciones de la entidad, cuando pasó a pertenecer a la Segpres.
A la vez, los ex líderes de la Convención Elisa Loncon, María Elisa Quinteros, Jaime Bassa y Gaspar Domínguez podrían ser investigados, dado que post 4 de julio, la mencionada cuenta de Twitter subió un clip de "Nuestra Constitución", registro en el que ellos participaron para entregar pormenores sobre su labor.
POSIBLE "ATENTADO CONTRA LA FE PÚBLICA"
Según el parlamentario, el uso de logos oficiales en dichas plataformas podría no sólo "constituir un atentado en contra de la fe pública", sino que también "delitos como la falsificación de sellos, logos, punzones, papel sellado o membretado, o incluso el uso de timbres de la institución afectada", y tampoco se pueden descartar ilícitos como la usurpación de funciones públicas, nombres o calidades.
"Nadie podría negar la comisión de uno de los delitos antes descritos cuando por ejemplo, un ex parlamentario, habiendo cesado en el ejercicio de sus funciones usa el logo de la Cámara o del Senado, o hace ostentación del cargo del cual ya no goza, además de usar material oficial de cualquiera de dichas corporaciones", argumentó.
Asimismo, planteó "se podría estar cometiendo este delito por quienes ostenten dichos cargos en actividades que tienen el carácter de públicas o, quienes públicamente utilicen información o se arroguen facultades constitucionales o legales que nunca les han sido otorgadas o conferidas", y en ese sentido, cualquier otro funcionario público que hubiese cesado en su calidad de tal -y cualquier persona ajena al proceso- "tampoco puede utilizar las redes sociales oficiales de dicha institución".
"La Convención Constitucional finalizó sus funciones y, por ende, su competencia, en la sesión del pleno del día lunes 4 de julio pasado, en la cual sonó la campanilla de cierre de la misma y, por tanto, terminó su existencia y funcionamiento", remarca la denuncia.
