La Plataforma Digital de Participación Popular de la Convención Constitucional está habilitada desde el 22 de noviembre de 2021 y, en un mes y medio de funcionamiento, ocho iniciativas populares de norma ya consiguieron las firmas ciudadanas requeridas para que sean debatidas por el órgano redactor de la nueva Carta Fundamental.
Las propuestas que reúnan 15 mil patrocinios serán discutidas en las comisiones temáticas correspondientes, donde necesitarán quórum de mayoría simple para que pasen a ser votadas por el pleno, que deberá aprobarlas por dos tercios para su incorporación a la nueva Constitución.
Las tres primeras iniciativas en aunar los apoyos fueron "Será Ley", sobre el aborto y que pretende consagrar los derechos sexuales y reproductivos, que ya lleva 23.833 firmas; "Con mi plata no", que, entre otros puntos, apunta a garantizar la propiedad de las cuentas de capitalización individual de los trabajadores en el sistema de pensiones vigente en Chile, que acumula 32.000; y "Banco Central Autónomo", que como su nombre lo dice, busca mantener la autonomía del instituto emisor, la que suma 18.000.
"En agosto del año pasado un grupo de organizaciones decidimos, a la luz de lo que estaba ocurriendo con la discusión de la despenalización en el Congreso, que estaba teniendo un camino que no nos parecía el más adecuado, decidimos convocar una samblea con el objetivo de trabajar para la legalización del aborto. Y, bueno, una de las líneas estratégicas que decidimos fue presentar esta iniciativa popular de norma", explicó Siomara Molina, integrante de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, una red feminista que agrupa a organizaciones como la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, la Red Con las Amigas y en la Casa y Corporación Humanas.
Andrés Larraín, uno de los impulsores de la iniciativa "Banco Central Autónomo", destacó que "somos un grupo de jóvenes que cuando surgió este proceso constitucional quería participar y que cree que es muy importante que la ciudadanía se involucre mucho más en la discusión pública. No queríamos participar desde una perspectiva de muchos temas con muy poca profundidad, sino que acortarlo a un tema pero con mucha profundidad y ser un apoyo y un aporte a la convención".
Otra que también alcanzó los requisitos establecidos por la Convención es la propuesta denominada "Derecho a la vida", con 18.815 apoyos, que apunta a protegerla "desde el momento de la concepción" y que, intrínsecamente, busca prohibir el aborto.
Impulsada por el proyecto "Siempre por la Vida" de la Fundación Chile Siempre, plantea incluir en el texto constitucional que se garantice "el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de cada ser humano, y la garantía de no sufrir torturas u otros apremios ilegítimos"; que "son personas todos los individuos de la especie humana. La dignidad de todo ser humano es inviolable desde el instante mismo en que inicia su existencia natural, que se produce en la concepción" y que "la ley protege la vida del que está por nacer".
Otras dos abordan la educación.
La primera se titula "Derecho a la educación, derecho y deber preferente de los padres, y libertad de enseñanza", impulsada por Acción Educar, y ya ha conseguido 17.549 firmas. Propone que "la Constitución debiera proteger los principios fundamentales que permiten que este ideal se concrete, pero dejando espacio a la discusión democrática para definir los medios".
Así, apunta a que la Constitución asegure "el derecho a la educación y el desarrollo de un sistema gratuito, de provisión mixta y de alto estándar para los niveles que sean obligatorios (kinder, básica y media)"; que "todas las personas tienen el derecho a elegir dónde y cómo educarse, y esto no puede ser solo para quienes puedan pagar un colegio particular", que "el Estado debe proteger este derecho permitiendo que existan alternativas distintas a las estatales y financiándolas, de forma que elegir no sea un privilegio", y sobre calidad, que "el Estado deberá contar con un sistema de reconocimiento oficial que vele por la cobertura, calidad, equidad y diversidad de la educación".
La segunda sobre este ámbito se llama "Iniciativa Popular por una Educación Libre y Diversa", presentada por movimientos ciudadanos agrupados en un proyecto homónimo y que suma 17.320 patrocinios. Argumenta que "la necesidad de mejorar la calidad y el acceso a mejor educación es un tema que ha estado presente hace muchos años en la agenda de la discusión pública", pero, "lamentablemente, la politización de las posturas ha llevado a que nos hayamos centrado en soluciones que no han apuntado muchas veces en mejorar lo más importante, que es una mejor educación para todos nuestros niños, niñas y jóvenes".
Ante ello, plantea que "es fundamental que la Nueva Constitución consagre dentro del los derechos fundamentales la Libertad de Enseñanza y el Derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, garantías que históricamente ha respetado nuestro país".
LIBERTAD RELIGIOSA
La séptima propuesta aboga por "la Libertad religiosa y de conciencia en la nueva Constitución". Impulsada por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana, la Mesa Ampliada Unión Evangélica Nacional, la Plataforma Evangélica Nacional, la Comunidad Musulmana, la Comunidad Judía de Chile, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Centro Islámico de Chile, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Corporación mapuche ENAMA, el Consejo político mapuche "Walmapu" y el Consejo político Pueblos originarios, ya ha conseguido 20.734 apoyos.
Quieren que se garantice "el libre ejercicio" de la religión y la conciencia, "la libertad de profesar, conservar y cambiar de religión o creencias; el derecho de asociarse para profesar y divulgar la religión o las creencias en público o en privado".
"Los limites son la moral, las buenas costumbres y el orden público. No se puede coaccionar a las persona para actuar en contra sus convicciones. Toda persona puede abstenerse de realizar conductas contrarias a sus convicciones religiosas. Se reconoce a las confesiones religiosas y creencias como sujetos de derecho, con autonomía e igual trato para el desarrollo de sus fines, conforme a su régimen propio. Se debe poder celebrar acuerdos de cooperación entre el Estado y las confesiones. Pueden tener templos, dependencias y lugares para el culto. Los daños causados a dichos templos, dependencias y lugares para el culto y a las personas en el ejercicio de este derecho se consideran un atentado contra los derechos humanos. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", complementan.
NACIONALIZACIÓN DE LA GRAN MINERÍA
Una octava iniciativa se titula "Nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro", las que "generan recursos más que suficientes para satisfacer todas esas necesidades", expuso el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, que ha logrado 15.424 respaldos de la ciudadanía.
Propone normas permanentes referentes a la minería y bienes comunes y disposiciones transitorias que procedan "derechamente a la nacionalización de las grandes empresas mineras del cobre, del litio y del oro".
CONSTITUYENTE CELEBRA ÉXITO DE LA PLATAFORMA
A la fecha han sido ingresadas 1.013 iniciativas populares de norma, que en total han recibido 434.125 firmas.
La constituyente Paulina Valenzuela (Independientes No neutrales), coordinadora de la Comisión de Participación Popular, expresó que el éxito de la plataforma "nos tiene bastante contentos".
"Sabíamos que era un gran desafío aterrizar estos mecanismos que estaban establecidos en nuestro reglamento, y la Secretaría ha hecho una buena lectura de lo que como Convención queríamos transmitir a la ciudadanía en relación con las formas de participar e involucrarlos en este proceso", destacó.
El plazo para presentar una propuesta termina el 20 de enero, en tanto que el 1 de febrero es la fecha límite para que la ciudadanía entregue su apoyo a alguna mediante la plataforma de la Convención.
En paralelo, los convencionales han presentado 98 iniciativas de normas.
DISPUTA EN VAMOS POR CHILE POR VICEPRESIDENCIA ADJUNTA
En paralelo, el constituyente Raúl Célis, de Renovación Nacional, confirmó este martes a Cooperativa un "principio de acuerdo" con la Unión Demócrata Independiente para destrabar las diferencias que han surgido al interior de las colectividades de Vamos por Chile para inscribir un candidato y lograr los 24 patrocinios requeridos para ocupar una vicepresidencia adjunta de la convención.
La polémica se generó luego de que el ex ministro Cristián Monckeberg (RN) no lograra concitar el apoyo de los representantes UDI, surgiendo en las últimas horas la opción del ex timonel Hernán Larraín Matte (Evópoli), quien sí contaría con el respaldo del gremialismo.
"Cristián decidió ayer no perseverar atendidas las circunstancias en las que se ha desenvuelto este proceso", dijo Célis.
"Dentro de RN hay tres nombres posibles: Roberto Vega, Ruggero Cozzi y el mío. Y con la UDI ya hay un principio de acuerdo de que nos entregarían una determinada cantidad de firma para destrabar el problema", afirmó el convencional.
