Una treintena de convencionales constituyentes independientes de distintos puntos del país lanzaron el colectivo "Vocería de los Pueblos" y llamaron a hacer efectiva "la soberanía popular" en la redacción de la nueva Constitución.
La agrupación, que reúne a 33 convencionales independientes -principalmente de La Lista del Pueblo y Asamblea Popular- y de escaños reservados para pueblos originarios, es la primera bancada de la Convención y elaboró una propuesta para el desarrollo de este organismo constitucional, la cual fue presentada en la última jornada.
A través de una declaración, la agrupación hizo un llamado a "hacer efectiva la soberanía popular de la Constituyente, expresada tanto en el reglamento como en las normativas que deben darse, sin subordinarnos a un Acuerdo por la Paz que nunca suscribieron los pueblos", que se firmó el 15 de noviembre del 2019 tras el estallido social y por parte de partidos políticos de forma transversal, derivando en el cambio de la Carta Magna.
"Las condiciones para este nuevo ciclo han de marcar un quiebre con la continuidad de las violencias de Estado que hemos enfrentado", agregaron.
Además, enumeraron las "seis garantías democráticas", entre ellas, poner fin a "la prisión política, liberando a todos los presos de la revuelta y mapuches"; garantías de verdad y justicia "poniendo fin a los "pactos de secreto" por la violación a los DDHH, además de la desmilitarización de la Región de La Araucanía y abrir paso a un Estado plurinacional.
También pidieron suspender las "expulsiones ilegales" de ciudadanos extranjeros y, finalmente, una soberanía para un "poder plenamente autónomo para reordenar el cuerpo político".
En este último punto, la Vocería de los Pueblos señaló que "el proceso abierto por los pueblos no puede ser limitado a la redacción de una nueva Constitución bajo reglas inamovibles, sino que debe ser expresivo de la voluntad popular, reafirmando su carácter constituyente sostenido en la amplia deliberación popular y la movilización social dentro y fuera de la convención".
POLÉMICA CON EL GOBIERNO
Una de sus firmantes, Manuela Royo (distrito 23, Modatima) señaló que "no estamos de acuerdo con las imposiciones del Gobierno sobre el reglamento. Creemos que se han tomado atribuciones que no han sido comunicadas", según consignó El Mercurio.
Y, a esto, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, aseguró que "la Convención tiene independencia dentro del mandato que le dio la reforma constitucional que la creó", agregando que "el texto (de la nueva Constitución) que debe discutirse y aprobarse debe respetar el carácter de República de Chile, el régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile".
"El llamado no es sólo a los partidos, es a todos los chilenos, a respetar las reglas porque fueron esas las que movilizaron a millones de chilenos", puntualizó.
"El Ejecutivo en ningún caso está preparando un reglamento ni tiene ningún rol sobre él. Solo debe hacer lo que la reforma constitucional dice: prestar apoyo técnico, financiero y administrativo para la instalación y funcionamiento de la Convención", concluyó.
