El ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, reconoció este lunes que pudo "haber hecho más esfuerzos" para difundir mejor la cuestionada licitación de 400.000 toneladas de litio que la oposición busca frenar.
"Lo que uno recibe no son necesariamente preguntas que vienen de curiosidad, sino que recibe más bien ataques, y eso vuelve al problema original: en el litio la conversación en general se nos sale un poquito del carril, pero quizás pudimos haber sido más proactivos nosotros en haber hecho un esfuerzo de difusión", señaló Jobet.
"Las bases (de la licitación) quedaron a disposición de todos los interesados el mes de octubre, cuando se lanzó la licitiación. Cualquier duda que tenga la comisión respecto del contenido de esa bases las podemos ir clarificando", explicó el biministro, agregando que "el proceso establecía que las bases estaban disponibles para todos los que quisieran acceder a ellas".
Jobet además aclaró que las bases no fueron entregadasa los senadores porque "en su minuto se estimó que no era pertinente porque podía generar un problema con quienes sí habían invertido los recursos que se cobraron al verder (las bases)".
En la presentación de una hora y media que el secretario de Estado tuvo ante la Comisión de Economía del Parlamento, enfatizó que el proceso fue "completamente abierto y transparente".
NARANJO SOSTIENE QUE "HAY OTRO TIPO DE INTERESES TRAS ESTA LICITACIÓN"
Por su parte, el presidente de la Comisión, el diputado del Partido Socialista Jaime Naranjo, criticó la licitación presentada por el Gobierno de Sebastián Piñera en la misma línea de lo planteado la semana pasada: se trata de una medida impulsada durante los últimos meses de su administración mientras existe un proceso constituyente aún abierto.
"A todas luces parece inoportuna la licitación partiendo de la base que se constituyó la Convención Constituyente y, por otro lado, hemos elegido un nuevo Presidente de la República, entonces claramente la Convención Constituyente puede definir un sinnúmero de medidas o acciones en relación a los bienes naturales y estratégicos del país", afirmó Naranjo.
"Uno tiene fundadas sospechas que hay otro tipo de intereses detrás de esta licitación, intereses de querer privatizar un recurso estratégico del país", agregó.
ANTECEDENTES
El pasado viernes, fue el mismo Piñera quien salió a defender la polémica licitación, y argumentó que en el país está "estancada la producción" mientras otros competidores fuertes del mercado internacional, como Australia y Argentina, avanzaban en el mismo ámbito.
La semana pasada un grupo de diputados opositores presentó una moción para suspender la licitación, proyectada a un total de 29 años, y catalogó la acción del Gobierno como "vergonzosa (...) casi una artimaña para despojar a Chile de uno de sus recursos naturales más importantes".
"Chile se está perdiendo la oportunidad del litio, mientras Australia, Argentina y otros países avanzan. En 2016 éramos el mayor productor del mundo con 37 por ciento, hoy caímos al 31 por ciento y sin nuevos proyectos al 2030 estaremos en un 17 por ciento", respondió entonces el ministro Jobet.
Con más de la mitad de las reservas mundiales del llamado "oro blanco" en los salares de Atacama, el desierto más árido del mundo, Chile es uno de los actores clave a nivel internacional para impulsar la electromovilidad en China y Europa.
Sin embargo, la principal problemática es cómo explotar el mineral sin destruir su medioambiente ni mermar a las comunidades que habitan el desierto.
El impacto ambiental de los actuales métodos extractivos, catalogados como "primitivos" por múltiples científicos debido a la pérdida del 95 por ciento del agua de la sustancia original de tratamiento, es uno de los puntos que también han sido mencionados en la discusión constitucional, donde sectores mayoritarios abogan por un texto con principios ecológicos y a la nacionalización de los recursos.
GOBERNADOR DE ATACAMA PRESENTÓ RECURSO DE PROTECCIÓN
En tanto, el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para detener la licitación del litio.
"A juicio del gobierno regional de Atacama se vulneran algunas garantías constitucionales, las que tiene que ver con la igualdad ante la ley... En estas definiciones no se ha considerado la opinión del gobierno regional de Atacama ni de la comunidad regional", indicó Vargas.
"A juicio del gobierno regional, se vulneran garantías relacionadas con la protección del medioambiente", agregó.
