El proyecto fue presentado por un grupo transversal de diputados: RN, Nuevo Trato, PPD y PS.
Una de sus impulsoras, Carolina Marzán (PPD), resalta que sólo el 16% de los padres se encuentra al día con esta obligación hacia sus hijos.
Un grupo transversal de diputados ingresó un proyecto denominado "Ley Parisi", que busca que los candidatos a cargos de representación popular deban usar los recursos obtenidos del Servel para el pago de sus deudas en materia de pensión alimenticia.
Según publicó El Mercurio, la iniciativa busca "autorizar al alimentario a subrogarse en los derechos del alimentante moroso para solicitar al Servicio Electoral el pago de la devolución de los gastos que correspondiere al candidato, los que serán retenidos y pagados hasta el total de la deuda o por el total de la devolución si lo adeudado fuere superior".
"Lo que buscamos es no financiar campañas políticas de candidatos que quieren representarnos en cargos de elección popular, pero no son capaces de ser responsables con la pensión alimenticia de sus hijos, como el mismo candidato presidencial Franco Parisi", comentó el diputado Tomás Fuentes (RN).
La iniciativa fue patrocinada por Fuentes, Andrés Longton, Ximena Ossandón, Luis Pardo, Sofía Cid y Gonzalo Fuenzalida (RN), Natalia Castillo (NT), Patricia Rubio y Carolina Marzán (PPD) y Raúl Leiva (PS).
Marzán comentó que "es inaceptable el nivel de deudas por pensión de alimentos que existen en Chile, se estima que solo un 16 por ciento está al día. Entonces, que hijos e hijas que han vivido la vulneración de este derecho puedan solicitar al Servel el pago de la devolución de sus gastos es hacer justicia".
"Celebro esta iniciativa, que va en la misma línea de otras que hemos impulsado en favor de las personas a las cuales se les debe pensiones de alimentos, como las indicaciones que ingresé a los retiros del 10 por ciento, o el proyecto que imposibilita de asumir cargos públicos teniendo deudas de pensión alimentarias", puntualizó.
Parisi, que permanece fuera de Chile, enfrenta una orden de arraigo por una deuda que fue valorada en más de 200 millones de pesos por el no pago de pensión alimenticia.
