Las canastas de alimentos siguen dando dolores de cabeza en Arica. Esta vez, la polémica se instaló en la Municipalidad, luego que una denuncia anónima que circuló a través de redes sociales, acusara de falta de probidad a la administración comunal en la adquisición de 2.000 cajas de alimentos a través de un proveedor de la región Metropolitana.
La carta, que señala haber llevado el caso a Contraloría, denuncia costos desproporcionados en el precio de los productos en comparación al mercado formal, y omisión de información al Concejo Comunal sobre el costo adicional por el traslado de los productos de Santiago hasta Arica.
La situación llevó a los concejales Paul Carvajal y Carlos Ojeda a solicitar una sesión extraordinaria para discutir la situación. En la ocasión, fue la Dirección de Desarrollo Comunitario la que explicó la adquisición de 5.900 cajas de alimentos desde el inicio de la pandemia, cuya inversión asciende a más de 159 millones de pesos, y de las cuales la tercera es la cuestionada.
Carvajal fue categórico al decir que la situación que involucra al municipio se aleja sobremanera a la detención de entrega de cajas de alimentos desde el Gobierno Regional, debido a que en dicho caso se acusan presuntos actos de corrupción.
"Hay que hacer una separación. No estamos hablando de las mismas situaciones, no hablamos de corrupción, no hablamos de que dentro de los proveedores existan familiares o parientes de. Hablamos de que aquí claramente han habido errores administrativos y que la gravedad se da en haber omitido información que es importante para los concejales al momento de tomar la decisión", recalcó.
"Movimiento político"
Por su parte, el concejal Luis Malla rotuló la denuncia como un "movimiento político que busca empatar la situación", la cual fue realizada los días en que eran anunciados recursos de protección en contra de la intendencia e investigaciones por parte de Contraloría, Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado.
"No hay comparación entre un caso y otro. A una semana de haberse dado esto, se trata de empatar con una denuncia anónima. Si fuera una denuncia con nombre y apellido, uno podría inferir que genuinamente se quiere transparentar, aportar en la fiscalización de este proceso. No se ve genuino, se ve a simple vista y sin mayor análisis, como un movimiento político".
Sin embargo, el Concejo acordó en que debe ser realizada una investigación sumaria para establecer eventuales responsabilidades, además del envío de la información e informes a la Contraloría para transparentar el caso. Cabe señalar que desde la Municipalidad publicaron un informe aclarando punto por punto la denuncia anónima.
"Entendiendo que hay un elemento adicional sobre la mesa, que pasa por la desconfianza que se ha generado en general en la comunidad, entendiendo lo que estamos viendo hoy día, es que vamos a tener que afinar mucho más el proceso de entrega de información solamente en las presentaciones al Concejo para tener claridad completa de esto", señaló el alcalde Gerardo Espíndola durante la sesión.
