Los indígenas bloquearon un camino, complicando las faenas de la compañía, tras un derrame ocurrido en 2017.
La empresa señala que sí aceptó una reunión para conversar, promovida por el Gobierno.
El seremi del Trabajo Carlos Leal está mandatado por el intendente a mediar en el conflicto.
Aún no hay acercamiento entre la comunidad colla del Río Jorquera y la empresa minera Kinross. El viernes el Gobierno ordenó el despeje de una vía ocupada por los indígenas poara ejercer presión debido a un episodio de contaminación ambiental de 2017, pero éstos niegan que sea de uso público.
La comunidad llegó a un acuerdo de Carabineros para que pudieran transitar por la vía los trabajadores que aún se mantenían en el campamento El Rancho, perteneciente a la minera.
"Le dimos la autorización (a Carabineros) para que ingresara por la propiedad privada, para evacuar a la gente que estaba ahí, ya que la Minera tenía la gente allí, no la comunidad", dijo a Cooperativa Roberto Salinas, presidente de la comunidad colla.
En relación con los más de 20 días desde que se manifestó la molestia con la Minera Kinross, donde incluso el seremi del Trabajo Carlos Leal está mandatado para liderar una mesa de conversación entre las partes, el presidente de la comunidad colla enfatizó que "hasta el momento la empresa no se ha contactado con Leal y tampoco se ha dirigido a nosotros".
"Yo no he recibido ninguna llamada. Llamé en reiteradas oportunidades al gerente general, Alberto Opazo", dijo, asegurando que tampoco ha recibido respuestas del "gerente de Relaciones Comunitarias, Guillermo Contreras ni tampoco Cristina Fernández que es de la misma área".
"La comunidad ha impedido terminar la recuperación"
Consultada la empresa respecto de los dichos, sostuvo que "el muy reducido derrame de diésel ocurrido en mayo de 2017 fue atendido y gestionado inmediatamente por Compañía Minera Maricunga, en un proceso participativo en conjunto con la comunidad".
"Debido a la rápida y efectiva acción de la Compañía, la Superintendencia de Medio Ambiente cerró el proceso de fiscalización en noviembre de 2017, confirmando oficialmente que no hubo impacto en el medioambiente, salud humana ni fauna local".
La firma agregó que "en febrero de 2018 la comunidad obstruyó la entrada al área de limpieza del derrame, impidiendo durante los últimos nueve meses que Compañía Minera Maricunga pueda terminar las últimas tareas de retiro de obras y recuperación del área".
"El Gobierno ha intervenido para ayudar a resolver este asunto, invitando a Compañía Minera Maricunga y la Comunidad Indígena Colla Río Jorquera a reunirse a dialogar. Kinross ha aceptado esta invitación", indica.
"Obstrucción ilegal"
La firma también declara que "la toma del camino realizada por la Comunidad Río Jorquera es una obstrucción ilegal de una vía pública que ha durado tres semanas".
"El Gobierno ha ayudado a solucionar este asunto, incluyendo la acción de despejar la carretera para permitir el libre acceso público. La salud y bienestar de nuestros empleados es nuestra primera prioridad y el acceso a este camino público nos permite abastecer el campamento con agua, alimentos y otros insumos necesarios para tener servicios básicos", manifestaron.
