El coordinador de seguridad para la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, anunció que el Gobierno está evaluando acudir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la decisión de la Contraloría General de la República, que ayer declaró inconstitucional el intento del Ejecutivo de sumar a las Fuerzas Armadas a las labores de orden público en La Araucanía y el Biobío.
En la última jornada se dio a conocer que el ente fiscalizador decidió declarar improcedente un decreto del Ministerio del Interior que buscaba autorizar la colaboración de las FF.AA. con las autoridades policiales para ayudar en la "prevención del porte, tenencia y tráfico ilícitos de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo" en las zonas de Arauco y Biobío, y en Cautín y Malleco (Araucanía).
Ante esto, Urquízar señaló que, "como Gobierno, estamos analizando y evaluando todas y cada una de las acciones posibles, incluidos los medios de impugnación, donde está también disponible el Tribunal Constitucional, como lo contempla el artículo 93 N°3 de la Constitución, para impugnar la decisión de Contraloría".
"Hay terrorismo, crimen organizado y narcotráfico que afecta diariamente (a los habitantes de la zona). Por lo tanto, el actuar de las FF.AA. resulta fundamental para poder cooperar en ese combate", acotó Urquízar.
La opción de recurrir al TC será analizada por las autoridades durante esta jornada y el lunes, en una reunión que se realizará en el Biobío.
CONTRALORÍA "EMPATIZA" CON VÍCTIMAS, PERO DEFIENDE SU POSICIÓN
Tras las reacciones del Gobierno -de ayer y de hoy- la Contraloría emitió un comunicado de prensa en el que reafirmó su posición y su decisión, que señaló como apegada a la legalidad vigente.
"La Contraloría General de la República está preocupada por la situación que se vive en la Macrozona sur del país, y por lo mismo, empatiza con las personas que viven, trabajan y transitan por dicho territorio", señala el escrito en su primer párrafo.
Lo anterior no obsta a que, en "el último día de vigencia del Estado de excepción constitucional, que permitía la acción de las Fuerzas Armadas en sectores de La Araucanía, el Ejecutivo decidió utilizar un mecanismo que no está previsto en el ordenamiento jurídico vigente. Por lo tanto, la Contraloría al realizar el control de legalidad, no tuvo otro camino que representar dicho acto administrativo".
"Respecto del rol de las Fuerzas Armadas en la zona norte, el Decreto 265 —tomado razón con alcance el 6 de agosto de 2019— establece la colaboración militar única y exclusivamente en la frontera frente a amenazas externas. Por el contrario, el Decreto 249 buscaba autorizar la acción de las Fuerzas Armadas explícitamente en labores de prevención de delitos y control del orden público en provincias de las regiones del Biobío y La Araucanía", explica, reforzando un punto que ya hizo presente ayer.
La declaración culmina recalcando que "el rol de la Contraloría es verificar el apego de los órganos de la Administración del Estado a la legalidad vigente, mientras que la responsabilidad de garantizar el orden público en el país corresponde al Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el marco legal".
"UNA PROBLEMÁTICA MORAL", DICE LA MULTIGREMIAL NACIONAL
La resolución de Contraloría fue también criticada por la Multigremial Nacional, que apuntó que "sólo en el primer semestre de 2021 se han producido 866 hechos de violencia, un 94% por ciento más que la primera mitad del año pasado", y "desde 2018 se han triplicado los ataques a transportistas, agricultores y faenas forestales".
"El terrorismo en la macrozona sur es una problemática moral que no merece el pronunciamiento la Contraloría. No es posible que un organismo técnico dirima el destino y la vida de miles de familias inocentes de Arauco y La Araucanía", sostuvo la asociación.
"Hace un mes hicimos un llamado al Gobierno, junto a 62 de nuestros gremios, para declarar estado de sitio en la macrozona sur. Creemos que los poderes del Estado le han fallado a la ciudadanía y es tiempo de que se tomen otro tipo de medidas para la prevención del narcoterrorismo que azota a las víctimas", finalizaron, indicó la Multigremial.
HUILCAMÁN INVITA AL DIÁLOGO CON EL GOBIERNO
En tanto, el líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, valoró la decisión de la Contraloría y dijo que esto "nos invita a todos a dialogar".
"En ese sentido, interpelo, invito, exhorto al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera a que realicemos un diálogo al más breve plazo con una agenda pública del cual, como persona, me comprometo a promover y a participar desde el mundo mapuche", agregó.
