Prisión preventiva para familia acusada de narcotráfico en comunidad mapuche de Ercilla

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa

Se trata de tres integrantes -dos padres y una hija- del lof Boyen Mapu, en la localidad de Pidima, quienes fueron detenidos la semana pasada.

Los acusados ocultaban al presunto autor material del crimen del werkén Alejandro Treuquil, ocurrido en junio del 2020, informó la Fiscalía.

Prisión preventiva para familia acusada de narcotráfico en comunidad mapuche de Ercilla
 Carabineros Región de La Araucanía

Según la Fiscalía, la red de tráfico iba desde Los Ángeles, en el Biobío, hasta Puerto Montt, en Los Lagos.

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El Juzgado de Garantía de Collipulli envió provisionalmente a prisión a una familia de la comunidad mapuche Boyen Mapu de Pidima, comuna de Ercilla, quienes fueron detenidos como eventuales responsables por el delito de narcotráfico, tenencia ilegal de armas y receptación, cuyos arrestos ocurrieron en medio de la búsqueda de otro acusado por homicidio.

Se trata de Juan Toro Manquel y Carolina Marileo Saravia, quienes quedaron en prisión preventiva, además de la hija de ambos, Carolina Toro Marileo, a quienes se le decretaron las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, tras ser todos formalizados por tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego prohibidas y municiones además de receptación.

El fiscal Enrique Vásquez explicó que, en el contexto de la investigación por el homicidio del werkén Alejandro Treuquil -consumado el 4 de junio del 2020 en Collipulli, cuyo presunto responsable material fue identificado como Carlos Muñoz Salamanca-, "se pudo determinar que quienes lo auxiliaban a ocultarse al interior de la comunidad Boyen Mapu, además se dedicaban al tráfico de estupefacientes".

"De esta manera es que, aunados los antecedentes de Carabineros acerca de una red de tráfico que alcanzaba desde Los Ángeles hasta Puerto Montt, se logró individualizar a todo el grupo familiar y a obtener medidas intrusivas que permitieron formalizarlos", informó el persecutor.

El Juzgado de Garantía determinó un plazo de cuatro meses para la investigación.

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