Ya rige el estado de emergencia en la macrozona sur

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Autor: Cooperativa.cl

El decreto anunciado ayer por el Gobierno fue publicado este miércoles en el Diario Oficial, y regirá por 15 días en cuatro provincias del Biobío y La Araucanía.

El texto establece de forma expresa que las Fuerzas Armadas "no podrán llevar a cabo procedimientos policiales de manera autónoma y directa".

"No es la forma para dar una solución a nuestra demanda", criticó Nivaldo Piñaleo, pehuenche y alcalde de Alto Biobío: "Las reivindicaciones indígenas son muy distintas de los actos terroristas".

Ya rige el estado de emergencia en la macrozona sur
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En la foto, a la derecha, el general de Brigada Lionel Curti, jefe de la Defensa Nacional para La Araucanía.

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Desde este miércoles, y durante 15 días, rige el estado de excepción constitucional de emergencia en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y las de Malleco y Cautín, las dos que conforman La Araucanía, tal como había anunciado ayer el Gobierno.

El decreto fue publicado esta tarde, en la segunda edición del Diario Oficial.

El Presidente Sebastián Piñera designó como jefes de la Defensa Nacional al contraalmirante Jorge Parga, de la Armada, para los dos provincias del Biobío, y al general de Brigada Lionel Curti, del Ejército, para La Araucanía.

Ambos asumirán el mando de las Fuerzas Armadas en esas zonas "para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen al estado (de emergencia), debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción y, en particular, las correspondientes a los respectivos Delegados Presidenciales Regionales", detalla el documento.

"En especial, las Fuerzas Armadas podrán desplegar unidades aéreas, terrestres y/o marítimas para prestar apoyo logístico, de vigilancia, de transporte y tecnológico a los procedimientos policiales a desarrollarse en las zonas declaradas en estado de emergencia", complementa.

No obstante, el decreto establece expresamente que las FF.AA. "no podrán llevar a cabo procedimientos policiales de manera autónoma y directa, sin perjuicio de lo dispuesto en el decreto supremo Nº 8, de 2020, del Ministerio de Defensa Nacional", el cual regla los usos de la fuerza de las FF.AA. en los estados de exepción constitucional en ámbitos como, entre otros, la "legítima defensa".

Entre sus demás facultades, podrán "dictar normas tendientes a evitar la divulgación de antecedentes de carácter militar; autorizar la celebración de reuniones en lugares de uso público, cuando corresponda, y velar por que tales reuniones no alteren el orden público; controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella; dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros; e impartir todas las instrucciones para el mantenimiento del orden interno dentro de las zonas bajo su jurisdicción".

LOS ARGUMENTOS

En el decreto, el Ejecutivo formula una serie de argumentos para respaldar su decisión y que, según La Moneda, demuestran que "se requiere que el Estado haga uso de los medios, capacidades institucionales y mecanismos que le permiten la Constitución y las leyes para proteger a la población y restablecer el pleno de goce de los derechos constitucionalmente reconocidos".

"Como es de público conocimiento, durante los últimos años en la Región de la Araucanía, y más recientemente también en la Región del Biobío, se ha observado un preocupante aumento y concentración de actos de violencia vinculados al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, cometidos por grupos armados que no sólo han atentado contra la vida de miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad sino también han atacado a las personas y destruido instalaciones y maquinarias propias de actividades industriales, agrícolas y comerciales", expone.

También que, "de acuerdo con partes policiales de Carabineros y la Policía de Investigaciones", en lo que va del 2021, en las cuatro provincias que comprende el estado de excepción, "han aumentado un 116% los hechos denunciados que guardan relación con delitos contemplados en la ley Nº 17.798 sobre Control de Armas, incluyendo la incautación de armas y municiones".

Por ejemplo, detalla que durante el 2021 "se han incautado 14 rifles y fusiles que constituyen armas largas de alto poder de daño", y que además "se han difundido múltiples videos en medios de comunicación social en que se muestra a personas portando este tipo de armamento, así como armamento destinado al uso bélico, y declarando la intención de usarlo contra las instituciones encargadas de dar eficacia al derecho".

"De igual manera, la incautación de drogas, como la cannabis sativa en la macrozona sur ha superado ya en un 36% todo lo decomisado en la zona durante 2020, y se ha duplicado la cantidad de pasta base de cocaína incautada en comparación al año anterior", complementa.

ALCALDE MAPUCHE: NO ES LA FORMA DE RESPONDER NUESTRAS DEMANDAS

Determinación que no cayó para nada bien en la comunidad mapuche.

Desde ésta, Nivaldo Piñaleo, pehuenche de la cultura mapuche y alcalde de Alto Biobío (comuna en la provincia del Biobío), criticó que "aquí los temas se confundieron".

"Si hay un tema de actos terroristas, el trabajo debiera apuntar a ellos, pero el trabajo que han hecho las comunidades indígenas de reivindicaciones es muy distinto, y eso lo hemos hecho no sólo ahora, ha sido historia de muchos werkenes y lonkos que han planteado el tema. Pero siempre con los instrumentos que tiene el Estado para buscar una solución, y eso hoy no se ha respondido", sostuvo.

Por ello, "esta forma de responder a través de un estado de excepción no corresponde", medida que él rachaza también "porque no fue comunicada ni socializada, y no es la forma para dar una solución a nuestra demanda".

El estado de emergencia rige por un plazo de 15 días, prorrogables por el Mandatario por otro período de igual duración. Luego, para otras extensiones, requerirá el acuerdo del Congreso Nacional.

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