La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas ofició a la Contraloría General de la República para que realice una completa auditoría a las cuentas corrientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y del Programa de Integración Educacional (PIE) del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Puerto Montt, capital de la Región de Los Lagos.
Lo anterior, luego que la Superintendencia de Educación revelara que la actual administración del alcalde, Gervoy Paredes (PS), no ha logrado acreditar el destino de los 3.393 millones de pesos destinados a la integración de estudiantes y al mejoramiento de la calidad educativa de los establecimientos educacionales subvencionados de la capital regional.
En paralelo, la comisión ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) con el objeto de solicitar su intervención "ante la gravedad de los hechos denunciados, considerando los montos involucrados y la eventualidad de que exista un perjuicio a los recursos fiscales".
De esta manera, se pide al CDE ejercer la acción penal en el caso de determinar la eventual sustracción, pérdida o fraude de fondos del Fisco o posibles delitos cometidos en el desempeño de sus funciones o empleos, por funcionarios públicos o empleados de organismos del Estado, de la Administración del Estado, de los gobiernos regionales y de las municipalidades, de acuerdo a su ley Orgánica Constitucional.
A través de un oficio solicitado por el diputado Luis Pardo (RN), la instancia pidió la actuación de la Contraloría para determinar el destino de los recursos transferidos desde el Ministerio de Educación al DAEM de Puerto Montt por ley SEP y PIE.
Además, solicita verificar el cumplimiento de los controles internos para determinar el manejo eficiente y eficaz de los montos recibidos y la rendición ajustada a la normativa vigente de los fondos por parte del municipio.
"Hemos tomado conocimiento de que existen 3.400 millones de pesos provenientes de la Ley Sep que no han sido debidamente rendidos por el DAEM de la municipalidad de Puerto Montt bajo la administración del alcalde Paredes. Por lo mismo, como integrante de la Comisión de Educación he solicitado la unanimidad para oficiar a la Contraloría General de la República y Consejo de Defensa del Estado a objeto de investigar estas irregularidades y establecer el destino definitivo" de los montos, puntualizó Pardo.
Asimismo, el documento emanado por la Cámara Baja requiere verificar el cumplimiento de las instrucciones entregadas por el organismo contralor al DAEM Puerto Montt que señalan la obligación de abstenerse de seguir contratando a personas con cargo a los recursos SEP para realizar funciones que no se ajustan a los planes de mejoramiento educativo de los recintos educacionales adscritos a dicha subvención; situación de la que -según los legisladores- ya había sido advertida con anterioridad la corporación encabezada por el alcalde Paredes.
"Esperamos que de existir fraude al fisco, o alguna otra figura delictiva, el CDE se haga cargo de las querellas correspondientes, pues estos recursos del Estado son muy importantes en nuestro sistema educacional", precisó Pardo.
