Los imputados por arrojar en febrero pasado bombas molotov a una iglesia luterana de Osorno en medio de un conversatorio encabezado por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, buscan acceder al proyecto de indulto a los presos del estallido social que se discute en el Congreso.
El hecho se trató de un atentado frustrado -el artefacto incendiario no alcanzó a estallar, tras caer sobre una mujer en silla de ruedas- y dejó dos detenidos: Rubén Gallegos Rivas y Rubén Vargas Cotiart, este último hermano del concejal de Hualaihué Félix Vargas (RN).
En esa oportunidad, Jadue lamentó el hecho -que no dejó lesionados- y señaló que "entendemos que hay sectores en los que habitualmente les molesta ver comunistas caminando por la calle".
Ambos sujetos fueron condenados en julio pasado por este delito, aunque su panorama podría cambiar en caso de aprobarse esta iniciativa, dado que, según informó La Tercera, son parte del listado que entregó Gendarmería al Senado sobre personas que están en prisión preventiva desde el inicio del estallido social en octubre 2019 hasta marzo del 2021.
La situación se da porque la defensa de Gallegos y Vargas interpuso un recurso de nulidad, el cual aún está pendiente y genera que sigan figurando bajo esta medida cautelar.
La iniciativa, que fue ingresada el 9 de diciembre del 2020 por los senadores Yasna Provoste (DC), Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD), Alejandro Navarro (PP) y Juan Ignacio Latorre (RD), detalla que arrojar elementos incendiarios está dentro de las contemplaciones para dejar en libertad a quienes se encuentren en prisión preventiva por ese delito.
