La Corte de Apelaciones de Iquique dejó sin efecto las resoluciones de expulsión impuestas por el Gobierno en contra de al menos 52 ciudadanos venezolanos, la mayoría de ellos deportados en el vuelo que despegó la semana pasada desde la capital de Tarapacá, y unos cinco que siguen en el territorio nacional.
El tribunal de alzada lo determinó tras revisar un recurso de amparo interpuesto por el Servicio Jesuita Migrante (SJM), en razón de que la medida reclamada no estuvo antecedida de un procedimiento en que los amparados pudieran controvertir el ingreso atribuido, ejercer su derecho de defensa, ni exponer los antecedentes que estimara precedentes ante la pretensión de expulsión.
La resolución también alude a que la Intendencia de Tarapacá lo dispuso sin que se concluyera una investigación en contra de los afectados, valiéndose solo de "actuaciones administrativas carentes de fundamento y vulneratorias del derecho a la defensa constitucionalmente protegida".
En esa línea, el fallo indica que "no corresponde que la recurrida, como autoridad administrativa, imponga una sanción de carácter tan gravoso sin contar con el necesario fundamento legal", y más aún, en este caso donde la responsabilidad penal de los amparados, que podría motivar una decisión como esta, nunca fue establecida por el Poder Judicial (ver archivo adjunto).
"ESPERAMOS UN CAMBIO DE PROCEDER DEL GOBIERNO"
De acuerdo a la presidenta del directorio del SJM, Macarena Rodríguez, esta postura de la Justicia no es nueva, y por lo tanto, "esperamos un cambio en el proceder" del Ejecutivo en materia migratoria.
"Ellos son la autoridad, son los primeros llamados a garantizar y a respetar los derechos fundamentales de las personas, entonces un objetivo político, la idea de hacer un levantamiento muy mediático de esta situación, con las autoridades que viajan al norte y todo, no puede pasar por sobre los derechos de las personas", enfatizó la abogada.
Asimismo, opinó que detrás de este caso "hay una situación más de fondo, que tiene que ver con entender cuál es la realidad que vive Venezuela".
De acuerdo con la presidenta del SJM, durante ese proceso de expulsión masiva "no hubo posibilidad de que las personas pudiesen defenderse o hacer peticioness. Por ejemplo, alguien podría haber señalado que estaba enfermo o pudo haber sido solicitante de refugio. Nada de esas situaciones pudo ocurrir en las circunstancias en que se realizó la expulsión".
"Se les dictó la orden de expulsión estando ellos en la residencia sanitaria, se les notificó a las 2 de la mañana y, luego, se materializó la expulsión a las 24 horas, pero ellos nunca dejaron de estar en este lugar en el que no tuvieron posibilidad de contar con una defensa", complementó.
Juan Saez, abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) -que representó a más de 60 venezolanos en un recurso de amparo-, señaló que "hay un grupo que no es tan pequeño" de los migrantes afectados "que no fue expulsado y a ellos les sirve el amparo, porque a partir de la sentencia de ayer queda invalidada la expulsión y van a poder continuar en el país como cualquier extranjero que está en su situación, que quedan en una especie de limbo, no pueden acceder a regularizar su situación por el hecho de haber ingresado de manera clandestina".
"Y a las personas que fueron expulsadas —añadió el jurista— el amparo también les va a servir, porque si después intentan ingresar de forma legal no se les va a poder poner como traba el hecho de que fueron expulsados".
Es posible que la causa llegue a la Corte Suprema, algo que podría definir en esta jornada el Gobierno mediante la Intendencia de Tarapacá.
GOBIERNO DEFIENDE PROCEDIMIENTOS DE EXPULSIÓN
El intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, defendió también este proceso y sin confirmar que van a recurrir a la Corte Suprema y afirmó que van a seguir defendiendo su postura.
"La causa de la expulsión es por un ingreso clandestino a nuestro país y por lo tanto nosotros creemos que estamos aplicando adecuadamente el procedimiento y obviamente hay que insistir, que el fondo es que ellos se auto denunciaron diciendo que cruzaron por un paso no habilitado", afirmó.
"Ahora, respecto de los recursos, tendremos que ver cómo se desarrollan. Vamos a defender nuestra nuestra posición", agregó la autoridad regional.
ALCALDE PLANTEA DUDAS SOBRE "PLAN COLCHANE"
Por su parte, el alcalde de Colchane, Javier García, llamó al Gobierno a trabajar un plan migratorio serio y legal y aseguró que el fallo demuestra que el Plan Colchane fue -a su juicio- una improvisación.
"Este fallo demuestra que el Gobierno, en materia migratoria, ha actuado en forma mediática y fuera de la ley. Esta resolución judicial es contundente y nos deja nuevamente vulnerables frente a este proceso migratorio, tanto a la población como a los propios migrantes; me pregunto si esta medida ilegal estaba dentro del llamado 'Plan Colchane', que hasta ahora desconocemos", planteó.
Por ello, "hago un llamado a las autoridades nacionales e internacionales de todos los sectores a realizar un trabajo serio y legal que dé respuesta efectiva y permanente al problema migratorio en Latinoamérica", exhortó.
