Corte Suprema ratificó expulsión de migrantes venezolanos

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Autor: Cooperativa.cl

La Sala Penal del máximo tribunal les dio la razón en tres recursos de amparo presentados y reconoció que el Ejecutivo obró dentro de los límites de sus atribuciones.

Pese a que la Corte de Iquique había dicho que los amparados no tuvieron acceso a la defensa en este proceso.

Corte Suprema ratificó expulsión de migrantes venezolanos
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El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, sostuvo que "expresamente la Corte Suprema señala que hemos actuado conforme a nuestras atribuciones, conforme a la ley y a la Constitución".

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La Corte Suprema ratificó este miércoles la expulsión de migrantes irregulares que ingresaron al país por pasos inhabilitados en el extremo norte, luego de una revocación previa emanada por la Corte de Apelaciones que dejó sin efecto la medida para 23 extranjeros venezolanos.

El Gobierno celebró la decisión del máximo tribunal que sostuvo que la Intendencia de Tarapacá obró dentro de los límites de sus atribuciones, con estricto apego a las normas contenidas en la Carta Fundamental, tras las resoluciones de expulsión impuestas por el Gobierno en contra de al menos 52 ciudadanos venezolanos.

Esto cuando la Corte de Iquique había dicho que los amparados no tuvieron acceso a la defensa en este proceso.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, sostuvo que "expresamente la Corte Suprema señala que hemos actuado conforme a nuestras atribuciones, conforme a la ley y a la Constitución, y además, dando cumplimiento a la ley migratoria".

La autoridad manifestó que "creemos especialmente relevante comunicar a aquellos ciudadanos extranjeros que la forma de ingresar a nuestro país es hacerlo regularmente, quienes lo hacen clandestinamente arriesgan su patrimonio, su vida, pero además, obligan a Chile a iniciar, respecto a esas personas, procesos de expulsión".

Si bien la Corte de Apelaciones de Iquique usó argumentos semejantes, los fallos de la Suprema hoy no incluyen los recursos de amparo, por ejemplo, del Servicio Jesuita Migrantes (SJM) y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ya que aún no han sido revisados por el máximo tribunal.

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