Con firma mensual y arraigo nacional quedaron, luego de ser formalizados en el Tribunal de Garantía de Iquique, la plana gerencial y el encargado de mantenimiento de las piscinas del centro recreacional Jatata, lugar donde en agosto del año pasado falleció ahogado un niño de 11 años.
En la audiencia de este martes el fiscal de delitos violentos Francisco Almazán expuso los hechos acontecidos el 4 de agosto, cuando alrededor de las 16:00 horas Juan Guillermo Troncoso Cerda (11) se encontraba en el lugar celebrando el Día del Niño con compañeros y apoderados.
En ese contexto y cuando se encontraba jugando con un amigo al interior de la piscina, fue succionado por el filtro de la piscina, que se encontraba sin la rejilla de protección.
"La víctima fue atrapada con su glúteo derecho en la boca de succión de dicho elemento, obstruyéndolo totalmente, provocando una elevada fuerza de succión producto de la acción de vacío generada por el accionamiento mecánico de la bomba", expuso Almazán.
A tal punto llegó la fuerza de succión que impidió que las personas que intentaron auxiliar al menor lograran sacarlo desde el fondo de la piscina hasta 10 minutos después, falleciendo despupes en el Hospital Regional de Iquique a causa de una encefalopatía hipóxica por asfixia por sumersión.
Familiares y amigos llegaron con fotografías de "Juanito" hasta tribunales. (Foto: Daniela Esquivel Ponce, Cooperativa)
Negligencia y cargos
La imputación de Fiscalía responsabilizó al gerente general, al gerente comercial, al supervisor de personal y al encargado de mantención por operar el recinto incumpliendo la normativa vigente que regula estos locales, y sin las condiciones mínimas de seguridad.
Almazán señaló además que el lugar -al momento de los hechos- carecía de salvavidas, equipamiento médico y un vehículo acondicionado para trasladar a potenciales victimas hasta el principal recinto asistencial de Iquique. Por último, señaló que tampoco contaban con un protocolo para actuar en casos como el ocurrido.
Con todos los antecedentes, la Fiscalía determinó formalizar por cuasidelito de homicidio a los imputados, solicitando arraigo nacional y firma mensual; medidas cauteleras suficientes dada la pena del delito, sostuvo el persecutor.
"Nos parecieron suficientes estas cautelares dada la pena; no la gravedad... El hecho es muy grave, pero la pena asignada al delito a nosotros nos obliga una proporcionalidad entre las medidas que pedimos y la pena que tiene el delito, que parte desde 61 días hasta tres años, pero si no hay antecedentes que lo impidan pueden optar a penas sustitutivas. Eso es lo más recurrente en estos casos", explicó.
Finalmente el tribunal accedió a la solicitud del Ministerio Público, aplazando la investigación en 180 días.
