Superintendencia citó a declarar a ejecutivos de ENAP por episodio de contaminación de 2018 en Quintero

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Autor: Cooperativa.cl

La autoridad ambiental solicita informar en detalle cómo fue el tratamiento que se le dio al crudo iraní, por la relación con la emergencia también en la comuna de Puchuncaví.

La petrolera estatal colaborará con la diligencia, pero sostiene que las "supuestas infracciones que nos imputa la SMA no son efectivas".

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En paralelo, la Fiscalía del Biobío lleva la arista penal que tiene a seis ejecutivos de ENAP formalizados.

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La Superintendencia del Mediomabiente (SMA) citó a declarar a ejecutivo de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en el marco del proceso sancionatorio que desarrolla debido al mal manejo de crudo iraní en la bahía de Quintero-Puchuncaví en 2018, que la autoridad relaciona episodio de contaminación que terminó con miles de personas afectadas, en agosto de ese año.

Según La Tercera PM, la SMA emitió el pasado miércoles una resolución, sobre la presentación de descargos que efectuó ENAP, en la cual pide "informar detalladamente sobre el proceso al que fue sometido el crudo Iranian Heavy, con detalle diario sobre la situación del crudo desde que éste fue descargado en el Terminal Marítimo hasta que fue enviado y procesado en su totalidad en la Refinería Aconcagua".

Los citados son Edmundo Piraino Suez, gerente de ENAP Refinería Aconcagua; Carlos Lizana Guerrero, jefe del Área Terrestre del Terminal Marítimo Quintero ENAP Refinerías; y Juan Pablo Rhodes Valenzuela, jefe del Terminal Marítimo Quintero, entre otros. Además de ellos, Rodrigo Gamboa, Pedro Ponce, Felipe Font, Alvaro Lever y Rolando Pérez, ejecutivo de Baker Hughes, empresa que se encargó de aplicar el secuestrante en el proceso de almacenaje del petróleo iraní.

Están llamados a declarar "en relación con la operación de recepción de crudo Iranian Heavy con altas concentraciones de ácido sulfhídrico e inyección de secuestrante con altas concentraciones de formaldehido, realizada en el Terminal Marítimo de Quintero el año 2018, así como su relación con la emergencia ambiental ocurrida a partir del 21 de agosto de 2018 y sus posibles efectos sobre la población de Quintero y Puchuncaví".

En un plazo de ocho días hábiles, ENAP deberá explicar en detalle cada movimiento de descarga y almacenaje del petróleo. "Para cada día, se deberá señalar en qué estanque(s) se encontraba la totalidad del crudo IH y en qué volúmenes, así como los volúmenes y localización de las aguas drenadas de los respectivos estanques. Se deberá incluir el detalle del crudo enviado", pidió la SMA.

Asimismo, la petrolera estatal tendrá que entregar las bases de datos utilizadas para determinar la tasa de emisión en los informes sobre las emisiones y la dispersión del ácido sulfhídrico y la simulación de dispersión de formaldehído por el drenaje de aguas desde los estanques de crudo del terminal Quintero; ambos, compuestos químicos altamente tóxicos y muy inflamables.

ENAP comprometió su colaboración con el desarrollo del proceso de la SMA, pero mantiene su posición contraria a los cargos que se le imputan.

"La citación a ejecutivos de ENAP y de otras empresas e instituciones es una más de las diligencias del procedimiento. La compañía continuará ejerciendo sus derechos para demostrar que las supuestas infracciones que nos imputa la SMA, no son efectivas", sostuvo la firma estatal mediante una declaración, consiga LT PM.

SMA PEDIRÁ ACCESO A CARPETA INVESTIGATIVA DE LA FISCALÍA

En paralelo, la Superintendencia oficiará a la Fiscalía Regional del Bíobío para acceder a una copia del expediente penal del caso que lleva contra ENAP por su presunta responsabilidad en los casos de contaminación ambiental que se registraron en las costas de Valparaíso y también en Talcahuano, en el Biobío, en agosto de 2018.

En esta arista penal están formalizados seis ejecutivos de la petrolera, entre ellos los citados por la SMA, por el delito de propagación de elementos contaminantes al medioambiente -teniendo conocimiento de sus consecuencias para la salud pública-, por el mal manejo del crudo Iranian Heavy.

La formalización tuvo lugar en el Juzgado de Garantía de Talcahuano en noviembre de 2019, cuando se estableció un plazo de 18 meses para investigación. Sin embargo, la fiscal Ana María Aldana pidió en abril una extensión de otros seis meses, solicitud que fue acogida por el tribunal.

En su presentación, la persecutora expuso que requería más tiempo para completar la indagatoria puesto que hay diligencias pendientes y aún no se ha podido determinar si aumentará o no el número de imputados, de acuerdo con La Tercera PM.

Tras ello, en octubre la Fiscalía deberá definir si pide el sobreseimiento temporal, hace uso de la facultad de no perseverar o derechamente presenta las acusaciones.

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