Archivo de demandas judiciales evita el desalojo de 916 alumnos del Instituto San Pedro

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Autor: Cooperativa.cl

Conflicto de ex y actuales sostenedores motivó un lío judicial que pudo ser revertido.

Se asegura la continuidad del establecimiento, sin riesgo de lanzamiento, por todo 2020.

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Archivo de demandas judiciales evita el desalojo de 916 alumnos del Instituto San Pedro
 Archivo.

La actual administración destrabó las demandas civiles al asumir formalmente la representación legal del recinto.

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El archivo de las demandas judiciales contra los actuales sostenedores del Instituto San Pedro, en la comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío, evitó que se concretara la orden de desalojo del establecimiento que acoge una matrícula de 916 alumnos.

Luego de un año extremadamente complejo con marchas, recursos de protección y enfrentamientos públicos con la Fiscalía y los ex propietarios del recinto educacional, hoy la comunidad educativa puede respirar aliviada de que, por lo menos en 2020, no habrá riesgos de que sean sacados a la calle.

Precisamente, el recurso de protección fue clave para ganar tiempo y lograr que la administración del Instituto pase definitivamente a manos de la actual sostenedora, Lorena González, quien de forma inmediata, con la totalidad de sus facultades, desistió de la demanda y el juicio de arrendamiento pendiente, lo que fue aceptado por el Primer Juzgado Civil de Concepción.

González señaló que "sin duda nos da tranquilidad y nos llena de esperanza, de fe, para seguir trabajando fuerte en mejorar día a día nuestro proyecto, porque ese es el objetivo de nuestra Corporación y como representante de esa administración debo velar porque así sea".

En tanto, el seremi de Educación del Biobío, Fernando Peña, expuso que "con esto se retoma su trabajo habitual, sin esta presión, ni este fantasma encima, sino con la tranquilidad y la certeza que la Sociedad y la Corporación siguen siendo dueñas del inmueble y se puede disponer para seguir con el trabajo pedagógico".

Sigue abierta una causa penal, en que la actual administración es querellante contra la antigua, y en la que se busca determinar responsabilidad en la malversación de casi 1.500 millones de pesos.

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