Los funcionarios acusados son un oficial de Carabineros y seis infantes de marina.
Arriesgan penas que van entre los 541 días y los cinco años de privación de libertad como máximo.
La Fiscalía Regional del Biobío formalizará a siete agentes del Estado, un carabinero y seis funcionarios de la Armada, por dos denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos.
El primer hecho se registró la noche del 26 de noviembre de 2019 -en pleno estallido social-, cuando una mujer de 24 años y un hombre de 22 denunciaron haber sido golpeados por un funcionario de la policía uniformada en el centro de Concepción, entre las calles Anibal Pinto y Colo Colo.
El oficial carabineros involucrado, será formalizado el próximo 22 de septiembre por el delito de apremios ilegítimos.
El 22 de septiembre se formalizará por apremios ilegítimos a un oficial de Carabineros por dos víctimas, mujer 24 y hombre de 22, golpeados en el centro de Concepción, B. Arana entre A. Pinto y Colo Colo, la noche del 26 de noviembre de 2019, durante el estallido social.
— Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) May 31, 2021
En tanto, la otra situación ocurrió el pasado 24 de mayo, cuando Claudio Jarpa (34), vecino de San Pedro de la Paz, acusó que recibió una gran cantidad de golpes por parte de una patrulla de seis infantes de marina, con amenazas de "hacerlo desaparecer".
Para el 24 de agosto quedó pactada la audiencia de formalización de cargos en contra de estos agentes del Estado. Ambas causas quedaron a cargo del fiscal Nelson Vigueras, quien encabeza las investigaciones por vulneraciones de derechos humanos en el Biobío.
El persecutor detalló que "en el caso del oficial de Carabineros que se le imputan dos hechos, obviamente hay una reiteración y en el caso de los otros funcionarios es un hecho singular pero tiene también la circunstancia que se produjeron lesiones graves".
Carolina Chang, directora regional del INDH, opinó que "nos gustaría que fueran mucho más los formalizados, a nuestro juicio, de acuerdo a los estados de algunas investigaciones, estaríamos en posición de formalizar más querellas de los que hemos presentado, pero si es un avance y estamos muy conforme con ello".
Se formularán cargos por apremios ilegítimos, por lo tanto, los agentes del Estado arriesgan penas que van entre los 541 días y los 5 años de privación de libertad como máximo.
