De las 91 instalaciones, 62 están fuera de la norma de certificación.
Ofició a los municipios y servicios de salud respectivos para que en 60 días estén en regla.
Se otorgó un plazo de 60 días para poner en regla a todos los recintos que no cumplen.
Un contundente informe de la Contraloría reveló que 62 de las 91 instalaciones interiores de gas existente en el mismo número de centros de salud pública del Biobío no cuentan con el sello verde para poder funcionar, y eso la Superintendencia de Electricidad y Combustibles no lo fiscalizó.
Hay situaciones preocupantes que detalla el estudio, por ejemplo en Concepción, Lota y Chiguayante donde cinco Cesfam hace 10 años o más que no cuentan con el sello y de eso ni la SEC ni los sostenedores se preocuparon.
Por este motivo, detalla, se ofició a los municipios de "Coronel, Chiguayante, Florida, Hualpén, Hualqui, Lota, San Pedro de la Paz y Talcahuano, y a los Servicios de Salud Arauco, Concepción y Ñuble adoptar las medidas administrativas necesarias tendientes a que todos los centros de salud bajo su dependencia, cuenten con la respectiva certificación".
Denuncia post fatal explosión
Este informe se elaboró tras el requerimiento del diputado Gastón Saavedra (PS) en 2018, tomando en cuenta que el Sanatorio Alemán de Concepción, cuando se produjo la fatal explosión, también tenía su sello verde caducado.
El parlamentario concluyó que es "un llamado de atención a quienes son los responsables de implementar todo lo que son las políticas de mantenimiento para con ello garantizar seguridad en los centros hospitalarios y recintos asistenciales".
Energía y Salud en mesa de trabajo conjunta
El seremi de Energía, Mauricio Henríquez, aseguró que "hemos coordinado una mesa de trabajo en conjunto con la Seremi de Salud para poder aumentar la fiscalización, y no sólo fiscalizar para cerrar los lugares, sino que para que puedan restablecer su sello verde y certificacióp", y subrayó que "la fiscalización ha aumentado desde el año pasado a la fecha".
En total, la región tienen 10 fiscalizadores que han encabezado dichas labores en los últimos meses.
El órgano fiscalizador ordenó a los sostenedores de estos recintos públicos regularizar la situación en un plazo no mayor a 60 días.
