La Corte de Apelaciones de Concepción acogió a trámite el recurso de protección interpuesto por vecinos de Isla Mocha en contra del Ministerio de Transportes, repartición a la que acusan de no disponer de una aeronave tras el accidente de la única avioneta licitada para conectar al territorio insular con el continente.
Dicha acción legal debe ser respondida vía informes en un plazo máximo de 10 días hábiles por parte del ministerio, con el propósito de aclarar porqué, a casi dos semanas de ocurrido el hecho, no existe una reposición del servicio.
Guillermo Rioseco, abogado de los vecinos de Isla Mocha, explicó que pide una solución "con sentido de urgencia el problema de aislamiento y contrate de manera directa los servicios de una aeronave que termine con el aislamiento, esa es la solicitud que se hace porque se está siendo vulnerada la garantía constitucional sobre el derecho a la vida, la integridad física y psíquica de las personas".
"Lo que es impresentable es que se tiene que entender que la sensación y la realidad respecto de lo que es estar aislado en una isla no es lo mismo que en el continente", añadió.
En cuanto a las causas que generaron el accidente, en el que milagrosamente ninguno de los cinco ocupantes perdió la vida, siguen en investigación.
Las críticas, en su momento, surgieron por las condiciones de seguridad advertidas en la licitación, comparando un avión bimotor con el monomotor que es el que finalmente se adjudicó el contrato.
María Lorena Guerrero, jefa regional de fiscalización de transportes, aclaró que "lo que fiscalizamos, no nos metemos en el motor de ninguna nave como de ninguna micro. Lo que hace el programa de fiscalización es fiscalizar los contratos, que se cumpla con el horario, itinerario y las tarifas. En la condición mecánica de la avioneta el programa de fiscalización no interviene como tal".
