El Gobierno dará a urgencia a un proyecto de ley que crea un sistema tecnológico para controlar infracciones de tránsito como el exceso de velocidad, iniciativa ingresada en 2013 y reimpulsada por el Ejecutivo desde el 2018.
Mediante telerradares instalados en zonas con alta siniestralidad vial, también se busca detectar el incumplimiento de medidas de gestión como pistas exclusivas para buses o la restricción vehicular.
Con la urgencia, está previsto que el proyecto retome su discusión en la Sala del Senado para ser votado en general, y luego continuar su tramitación en particular en la Comisión de Transportes de la Cámara Alta.
Con la fiscalización actual, que realizan Carabineros e inspectores de la velocidad, se logran captar solo tres de 10 mil excesos, versus el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones que se busca implementar, que no solo detectaría las infracciones, sino que también las notificaría y tramitaría.
En ese sentido, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, alertó que un 30 por ciento de los siniestros que han cobrado la vida de peatones y ciclistas "tienen asociada como causa basal el exceso de velocidad", y apuntó que cifras como esa demuestran "la urgencia de contar con una herramienta que nos permita un control masivo y eficaz de los excesos de velocidad que reduzca los fallecidos en estos siniestros viales".
El Gobierno argumenta que el sistema que se busca implementar ha reducido en hasta un 40 por ciento las muertes y accidentes en países como España o Francia.
El ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, añadió que el fondo del proyecto "no solo es un anhelo ciudadano, sino que es una necesidad que impulsamos desde el Gobierno".
ONGs piden otros avances en paralelo
Al anuncio de la urgencia asistió la directora ejecutiva de la ONG NoChat, Claudia Rodríguez, quien dijo que, al margen de este proyecto, "le exigimos a todas las carteras ministeriales evidenciar la violencia vial que estamos viviendo en nuestras calles, porque la siniestralidad vial es un tema de salud pública y hay que evidenciarlo y trabajarlo de manera colaborativa".
Un esfuerzo en paralelo también recomendó la ex ministra de Transportes y fundadora de Mujeres en Movimiento, Paola Tapia, quien advirtió que "si pensamos que este sistema va a estar operable por lo menos en dos años, claramente no es una solución urgente y oportuna para los problemas que hoy día tenemos a partir del fallecimiento de estas personas".
"Se requiere un plan integral, con fiscalización de velocidad por parte de Carabineros, sin estigmatizar a los vehículos ni al transporte público, pero es necesario crear conciencia y educación, y esto requiere control y un plan de infraestructura especializada, potente en materia de ciclovías", propuso.
Para la ex ministra esto no requeriría solo de vías provisorias para ciclistas, "sino que un plan ambicioso que por lo demás cumpla la normativa, porque en la Región Metropolitana, de acuerdo al decreto que reguló todo lo relativo a la situación de prevención y de contaminación, se contemplaba específicamente también que existieran más de 300 kilómetros de ciclovía y 3.000 estacionamientos gratuitos para bicicleta. Hoy día eso es una deuda más".
