Diputados italianos aprobaron ley que permite a Berlusconi mantener sus empresas
El premier es propietario de tres de los cuatro canales privados de la televisión italiana y además, gracias a su mayoría parlamentaria, controla los tres canales de la estatal RAI.
La Cámara de Diputados italiana aprobó definitivamente, con 268 votos a favor, 221 en contra y dos abstenciones, la ley sobre conflicto de intereses, que permite al primer ministro, Silvio Berlusconi, continuar con su cargo político y al mismo tiempo ser propietario de sus empresas de comunicación, aunque sólo si no las administra en primera persona.
Esta ley regula la incompatibilidad entre cargos de Gobierno y algunas actividades y profesiones, como tener un puesto en oficinas públicas, desempeñar funciones en entidades de Derecho Público o Económico, gestionar sociedades con ánimo de lucro o tener actividades de relieve empresarial, entre otras, pero no habla de la venta de las propiedades.
De esta manera, se impide a Silvio Berlusconi realizar actividades de gestión de sus empresas pero no se le prohíbe ser propietario de ellas. Además, el jefe del Ejecutivo podrá mantener el cargo de presidente del club de fútbol AC Milan, ya que la ley no habla de ningún tipo de conflicto con actividades deportivas.
La oposición pedía que se aplicase el modelo estadounidense, que prevé un régimen de incompatibilidad entre cargos en el Gobierno y la propiedad de empresas, y se obliga a su venta o a la fórmula del blind trust, que consiste en confiar "ciegamente" a un tercero la gestión de su patrimonio.
El portavoz del Partido Democrático de Izquierdas en la Cámara Alta, Luciano Violante anunció tras la votación que denunciará la norma ante las instituciones europeas. "Esta es una ley que no sirve para nada y que va contra todas las directivas de la Unión Europea", dijo.
Además, la ley que lleva el nombre del ahora ministro de Exteriores, Franco Frattini, que la preparó en su momento, considera casos de conflicto de interés o incompatibilidad sólo cuando un acto del Ejecutivo (como un decreto) determine una ventaja para un miembro de Gobierno o su familia y a su vez pueda producir un daño para el interés público.
Para ello, la ley confía la vigilancia de las actividades de los miembros del Gobierno a una Autoridad Antimonopolio, y prevé también un papel para el Parlamento, que podrá emitir un veredicto de "censura política" contra los miembros del Ejecutivo que no respeten estas normas.
La ley se aplica al presidente del Consejo, a los ministros y viceministros, subsecretarios, comisarios extraordinarios del gobierno, presidentes de provincia, y alcaldes de ciudades con más de 300.000 habitantes.
Berlusconi es el propietario de la empresa Fininvest, que engloba varias casas editoriales, gestoras de publicidad y Mediaset, la empresa a la que pertenecen tres de los cuatro canales privados de la televisión italiana. Además gracias a su mayoría parlamentaria, también controla los tres canales de la televisión estatal RAI. (Agencias)